Un empresario procesado por explotación sexual de menores se había negado a dar la clave de su celular para que sea peritado por la Justicia. Es que su teléfono de alta gama no puede ser desbloqueado con los programas con los que cuenta los peritos informáticos en el país. Ahora un juez ordenó que se abra el aparato con el reconocimiento facial o la huella dactilar del acusado.
El empresario Eduardo Made (67) fue detenido el 5 de mayo pasado en su Tucumán natal. Lo acusan de haber contactado a adolescentes por redes sociales desde Miami, donde residía, y haber tenido encuentros sexuales a cambio de dinero en el hotel Sheraton de la ciudad capital de esa provincia.
Ese día, además de llevarse esposado a Made, los agentes de Gendarmería Nacional a cargo del operativo, incautaron el celular del acusado. Se trata de un Iphone 13 que no pudo ser desbloqueado por los peritos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), ante la negativa del acusado de aportar voluntariamente la clave del aparato. Solo Brasil o Israel cuentan con las licencias técnicas necesarias para realizar la apertura del equipo.
También se le había pedido colaboración a la fuerza federal de Estados Unidos conocida como Homeland Security Investigation para saber si contaban con la capacidad de análisis para lograr el desbloqueo del celular. Pero los investigadores aún no habían tenido una respuesta concreta al respecto.
Ante este panorama, desde la Fiscalía Federal N° 2 a cargo del fiscal Agustín Chit le solicitó al Juzgado Federal N° 1 de Tucumán que ordene la "obtención compulsiva de los datos biométricos" para lograr la apertura del Iphone 13. Es decir, a través, del reconocimiento facial o la huella dactilar del empresario.
El juez Fernando Poviña le dio el visto bueno a la solicitud de la fiscalía y ordenó, ahora, que Made sea trasladado a una sede de Gendarmería Nacional para que allí, y ante la presencia de todas las partes, se acceda al desbloqueo del celular a través del reconocimiento facial o la huella dactilar. Lo que se debería concretar en los próximos días.
“No se puede desconocer que el avance de la tecnología a través de la fabricación de dispositivos cuyo desbloqueo solamente puede realizarse con los datos biométricos del imputado propietario, y en cuyo interior se pueden almacenar elementos probatorios a fin de acreditar la comisión de delitos graves, implica si dudas la circunstancia de incluir dichas medidas entre las situaciones en las cuales el encartado es ubicado como objeto de prueba, decisión la cual no se constituye como violatoria de garantías constitucionales, sino como el resultado de un análisis racional y ajustado a derecho de los distintos intereses en juego”, sostuvo el magistrado en la resolución, a la que tuvo acceso PERFIL, para autorizar la apertura del celular de esta manera.
Es que el magistrado evaluó si dar lugar a esta medida podría entenderse como una “autoincriminación” del empresario, ya que toda persona acusada de un delito en un proceso penal “tiene el derecho a no ser obligada a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable”. Pero finalmente el juez entendió que no se trataría de una vulneración de los derechos del acusado sino que representaría una medida similar a la “utilización” del investigado en una rueda de reconocimiento o que se le extraiga sangre para un cotejo de ADN, por ejemplo.
Por otra parte, valoró el informe de la PSA que daba cuenta de la imposibilidad de desbloquear el aparato con los programas vigentes en Argentina. Es que la opción de enviarla a peritar a otro país se trata de una alternativa más engorrosa y demoraría mucho más tiempo. En esta línea, el magistrado destacó para sostener su decisión “la obligación del Estado Argentino de investigar la posible comisión de delitos graves y los derechos de las víctimas a acceder a una justicia efectiva y ágil”.
La causa cuenta con la denuncia de siete adolescentes de entre 15 y 17 años que narraron que habían sido contactadas por Made desde Instagram, y que luego mantenían comunicaciones por Whatsapp. Hasta una de ellas aseguró que se tomó una fotografía con el celular del acusado cuando estaba en la habitación del hotel que había reservado el empresario cuando viajó de Miami a Tucumán. Estos hechos ocurrieron, al menos, a partir de febrero último en el Sheraton, de la capital tucumana.
Por eso, es importante para los investigadores acceder al material que pudiesen rescatar del aparato y que podría ser de relevancia para la causa. Además, cuando el juez procesó a Made por “promoción y facilitación de la prostitución agravada” ordenó que siga siendo investigado, ya que el fiscal Chit lo había acusado por el delito de trata de persona, pero el magistrado entendió, en ese momento, que aún no había elementos en la causa para sostener esa acusación.
En esa línea, es que el juez entendió, ahora, que era fundamental autorizar la apertura del celular del empresario investigado para “afirmar la existencia o establecer fehacientemente la no concurrencia del delito de trata de personas”.
NG
