Pequeño J enfrentó a la Justicia por primera vez en su vida y por una imputación gravísima: triple femicidio agravado, por los asesinatos de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez. Lo hizo durante una audiencia en la localidad de Chilca, en la provincia peruana de Cañete, y ante el juez Christian Rafael Chumpitaz Pariona, quien finalmente decidió dictarle la prisión preventiva por nueve meses, mientras se resuelva el proceso de extradición que podría demorar hasta noventa días.
Tony Janzen Valverde Victoriano –su verdadero nombre– se declaró inocente y se negó a someterse al proceso de extradición. “Existen fundados elementos para solicitar la detención preventiva con fines de extradición. Estamos frente a un caso que tiene su particularidad por ser un caso emblemático”, informó el magistrado.
En la lectura de cargos se le informó a Pequeño J que “se le adjudica el haber participado en la comisión de los hechos perpetrados en el día 9 y 23 de septiembre de 2025 en el interior del domicilio ubicado en la calle Chañar, número 702 partido de Florencio Varela, Argentina, Buenos Aires”. Ante el pedido de una “extradición simplificada” –que hubiera acelerado los trámites– el acusado pidió minutos para consultar con su abogado defensor y finalmente comunicó que no aceptaba la opción.
Valverde Victoriano, que después de la audiencia fue trasladado a la cárcel Nueva Cantera Imperial, en la localidad de Cañete, está siendo asesorado por Marcos Sandoval, quien fundamentó la postura y reclamó una medida menos gravosa que la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. El abogado aseguró que su cliente escapó de Argentina porque sintió temor: “Vio que su nombre y apellido salía en la televisión y él es solo un joven de veinte años. Dijo: ‘En Argentina no tengo ninguna familia, si me detienen, ¿quién me va a ver en la cárcel?, ¿quién me va a poner un abogado? Por eso fue la idea de que se venga al Perú’”.
En la audiencia, Sandoval pidió que se conceda la libertad con posibilidad de trabajar destacando que presentaron “los tres arraigos de ley: arraigo laboral, arraigo domiciliario y arraigo familiar”. “La casa donde vive –agregó– es una casa conocida de sus señores padres. Por tanto, esta defensa solicita que en vuestra jurisdicción se le dé la libertad con comparecencia para que mi patrocinado pueda trabajar también y aportar por la familia”.
Acto seguido, agregó: “Buscan llevarlo preso sin una investigación clara de lo sucedido. Por eso, el planteamiento de esta defensa, estratégicamente o tácticamente, es que se demore. Que siga su curso normal (la extradición) cosa que enfríe las cosas y se pueda llevar adelante allá los planteamientos claros de cómo han sucedido los hechos”. Asimismo pidió “que se aplique el principio de humanidad”.
Mientras la Justicia peruana deliberaba, los investigadores buscaban dar con más sospechosos (ver aparte). Además, a la Fiscalía que lleva adelante la causa esta mañana llegó esposado Matías Ozorio, otro de los hombres considerados claves en la estructura. El imputado arribó al país la noche del jueves y, ante el fiscal Adrián Arribas, se negó a declarar. Según fuentes judiciales, fue aconsejado por su defensor oficial y, luego, trasladado a la Unidad Penitenciaria de General Alvear.
Por su parte, el abogado de la familia de Brenda, Fernando Burlando, no se sorprendió con la negativa de Ozorio y subrayó que “negarse a la indagatoria es un derecho constitucional”.
El letrado puso el foco en las pruebas técnicas que hoy ocupan a los investigadores: “Una de las cosas importantes es la apertura de los celulares. Son pruebas importantísimas. Importantísimas, porque surgen los datos que confirman y reconfirman todo el trabajo que hasta ahora de manera impecable ha hecho realmente la fiscalía”, dijo.
El abogado reclamó que se analice “qué es lo que tiene vinculación con la investigación” y señaló que esos peritajes “pueden terminar el pase a un foro federal y la vinculación concreta al narcotráfico”. En esa línea, añadió que la información extraída de los dispositivos puede “brindar detalles concretos de cómo asesinaron, cómo las engañaron, cómo las emboscaron y quiénes participaron”, algo que la investigación todavía no logró determinar
Sobre la posible dimensión de la organización, Burlando advirtió que la investigación preliminar indica la existencia de una estructura “por encima” de los detenidos: “Resulta que detrás de todo esto hay una gran organización de narcotraficantes que no es la del pequeño J. La del pequeño J tiene, digamos, un tamaño menor a la que está comandando todo esto. Es factible que sea así”. Y planteó que, aunque ya hay material probatorio relevante, “falta un poco más” y convocó a testigos a “venir y aportar datos, en pos de la verdad y de la dignidad de estas tres criaturas”.
Los investigadores, en efecto, confirmaron que analizan los celulares de todos los detenidos: en los aparatos de Ozorio y de Pequeño J habrían quedado registros de llamadas y mensajes que los vinculan entre sí y con otras personas. También se detectaron transferencias entre billeteras virtuales de ambos. Curiosamente, en los allanamientos realizados hasta el momento no se halló estupefacientes, pero sí documentación, teléfonos y elementos que, según la pesquisa, ayudarán a reconstruir la logística previa y posterior a los femicidios.
“Estoy destrozada, no sé por qué la mataron”
R.P.
Stella Maris, la madre de Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años asesinada junto a Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo en Florencio Varela, expresó su profundo dolor y reclamó justicia. “Estoy destrozada, no sé por qué la mataron. Acá estamos para pedir justicia por las tres chicas”, dijo conmovida.
La mujer recordó que su hija soñaba con ser cantante y la describió como una joven reservada: “Se guardaba todo”. Antes de desaparecer, la adolescente le había contado que iba a La Tablada, sin mostrar señales de alerta.
La autopsia reveló que Lara murió por un shock hipovolémico, tras la sección de la arteria carótida derecha. Presentaba tres heridas de arma blanca y otras lesiones punzocortantes. El informe forense detalló además la presencia de una mordaza, ataduras en rodillas y tobillos, un cuchillo de cocina y fragmentos de vidrio en la escena.
El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y, según los peritos, la refrigeración posterior a su hallazgo pudo alterar la estimación de la data de muerte.
Buscan a otros dos narcos peruanos y sospechan que salieron de Argentina
R.P.
La investigación por el triple narcofemicidio de Morena, Brenda y Lara en Florencio Varela sumó este viernes 3 de octubre un nuevo capítulo con el secuestro de un auto Renault 19 en un garaje del barrio Parque Chacabuco. Según los investigadores, se trata de un vehículo que habría sido utilizado como apoyo durante la noche del crimen y que estaba bajo la mira de las fuerzas de seguridad desde hacía varios días.
El hallazgo del auto refuerza la hipótesis de que, además de los nueve detenidos que tiene la causa, hubo al menos otros dos ciudadanos peruanos que participaron en la logística del ataque. Ambos están identificados, pero permanecen prófugos.
De acuerdo con las cámaras de seguridad analizadas por la Justicia, estos dos hombres habrían mantenido un encuentro con las víctimas el 6 de septiembre en el barrio porteño de Flores. Tras ese contacto, la investigación logró seguir a uno de ellos hasta la terminal de colectivos en la ciudad de Salta, donde se presume que cruzó la frontera hacia Bolivia por un paso clandestino. El otro sospechoso, en tanto, aparece vinculado directamente con un viejo Renault 19 recientemente secuestrado en la causa.
Con este operativo, ya son tres los vehículos incautados en la causa: una Chevrolet Tracker, un Volkswagen Fox y ahora el Renault 19, todos señalados como parte de la estructura de movilidad que utilizó la organización criminal para concretar y encubrir el homicidio.
En paralelo, la Justicia libró órdenes de captura internacional contra los dos peruanos prófugos, al tiempo que continúan los allanamientos en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Monserrat, Saavedra y la zona de la 1-11-14, con el objetivo de dar con más pruebas.
Hasta ahora, la causa acumula nueve detenidos, entre ellos el presunto autor intelectual Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, capturado en Perú junto a su mano derecha Matías Agustín Ozorio, y otros implicados en la preparación del crimen, el traslado de los cuerpos y el intento de encubrimiento.
