Siete meses. Ese fue el tiempo que la Justicia ecuatoriana necesitó para esclarecer el doble crimen de las mochileras argentinas asesinadas en Montañita y condenar a cuarenta años de prisión a los supuestos homicidas. Tiempos procesales que parecen impensados para la Justicia argentina. Sin ir más lejos, la resolución judicial de los asesinatos de las turistas francesas en Salta llevó casi tres años.
“El proceso penal en Ecuador es mucho más rápido que en Argentina”, sentenció el embajador argentino en aquel país, Luis Juez.
¿La Justicia argentina es lenta? ¿La ecuatoriana es rápida? ¿Cuál es la diferencia entre un sistema judicial y el otro? ¿El crimen de las mendocinas en Montañita fue un caso especial?
La primera diferencia radica en el tiempo que una persona puede estar presa sin sentencia. En Argentina puede alcanzar los dos años, mientras que en Ecuador no puede superar el año. Cumplido este lapso el acusado recupera la libertad de inmediato basándose en el principio de inocencia. En nuestro país, en cambio, se puede solicitar una prórroga por un año más.
“El proceso judicial ecuatoriano es más ágil que el argentino. Ecuador tiene proceso penal oral acusatorio desde 2001 y Argentina recién lo ha implementado. Sólo con el hecho de que la prisión preventiva caduca en menos tiempo, los jueces se ven obligados a sentenciar más rápido. Porque si caduca la preventiva, el juez será el responsable. Eso sí, rapidez no implica calidad, no porque un proceso sea más rápido quiere decir que sea más justo”, analiza la abogada penalista ecuatoriana Paulina Araujo en diálogo con PERFIL.
El proceso penal en Ecuador tiene distintas etapas. Una fase de “investigación preliminar” que puede durar un año, pero no siempre se utiliza porque el fiscal puede obviarlo (por ejemplo, en casos en los que surge la “figura de la fragancia”, cuando al acusado se lo agarra con las manos en la masa) y pasar directamente a la próxima etapa que se denomina “instrucción fiscal” con una duración de noventa días sin posibilidad de prórroga. Luego surge la etapa de formulación de cargos preparatorios, donde el fiscal evalúa las pruebas y solicita al juez la elevación a juicio de la causa. La tercera etapa es el juicio y la cuarta abarca las apelaciones y revisión de sentencias.
En Argentina la instrucción es de seis meses y se puede prorrogar sin plazo definido. “Los fiscales son los encargados de pedir una prórroga de la instrucción o investigación penal preparatoria (IPP), y lo que era una excepción se convirtió en regla. Es decir, ellos solicitan la ampliación de la IPP porque los informes que piden no se los dan a tiempo o las pericias e informes de ADN no están a término, y entonces tienen que ir prorrogando la etapa de instrucción. De ahí deviene que los procesos penales en Argentina se hagan eternos”, explica el abogado del Instituto Wanda Taddei, Julio Torrada. “A mi criterio, lo que sucedió en Ecuador es que tienen un sistema procesal distinto al de Argentina, donde la instrucción está acotada y no hay posibilidad de prórroga. Pero a esto hay que agregarle que atrás estaba la prensa del mundo, allá estaban las familias de las chicas y el presidente tenía miedo de tener un problema político-social y los juzgaron en tiempo récord”.
El abogado de la familia de Marina y María José, asesinadas en Montañita, Osiris Sánchez Maruri, explica a PERFIL: “A mí no me sorprende el tiempo porque se encuentra dentro de los plazos procesales, aunque hay que reconocer que el interés mediático sobre la causa sirvió para que todas las partes, abogados, fiscales y jueces, cumplan los plazos de la ley”.
Por su parte, Araujo entiende que en el caso de las mendocinas influyeron otros factores: “La fiscalía decidió que no hubiese indagación preliminar y pasó directamente a la instrucción”.
Entrevista a la mamá de Maria Jose Coni: “Esto no me devuelve a mi hija, pero ahora vamos a tener un poco de paz”
Fue una condena histórica para Ecuador. Los acusados de asesinar a las mendocinas Marina Menegazzo y María José Coni recibieron una pena de cuarenta años, la máxima que contempla ese país. Para la familia de las chicas significó un alivio, un desahogo y un volver a empezar. Aunque ahora se iniciará una segunda instancia de investigación en busca de un tercer implicado.
“Es lo que realmente esperaba: una condena. Aunque no me devuelve a mi hija, pero ahora mi familia y yo vamos a comenzar a tener un poco de paz y vamos a aprender todos los días a vivir sin Majo”, dijo a PERFIL Gladys Steffani, mamá de Majo, quien viajó a Ecuador junto a la madre de Marina para presenciar el juicio contra Segundo Mina Ponce y Eduardo Rodríguez.
“Fue un juicio duro, pero se hizo justicia”, destacó la mujer y deslizó: “Lo más duro fue escucharlos (a los acusados) con la desfachatez de pedir perdón a las familias”.
“Fue un fallo histórico que marca un precedente en este tipo de crímenes porque se aplicó el máximo de pena contemplada”, explicó el abogado querellante, Osiris Sánchez Maruri.
Ahora la fiscalía abrió una nueva investigación para poder identificar a un tercer implicado. “Aunque los cuerpos fueron limpiados, en los hisopados se pudo encontrar un ADN puro y ahora comenzará una investigación para identificarlo y acusarlo por violación”, agregó el letrado.
