El 14 de abril pasado la calma se vio alterada en la pequeña localidad santafesina de Gálvez, donde viven menos de 20 mil personas. Allí se produjo un secuestro extorsivo de esos que prácticamente no hay más: la víctima fue un joven con una discapacidad, los captores pidieron una suma millonaria de dinero de rescate y finalmente lo liberaron sin cobrar un peso. Los secuestradores eran vecinos de la víctima y familiares entre sí. Uno de los presuntos integrantes de la banda era un empleado civil del Ejército Argentino.
Franco y Uriel Q. fueron los primeros en caer. Tienen 35 y 36 años. Diez días después del hecho, personal del Departamento de Antisecuestros de la Policía Federal los detuvo tras una serie de allanamientos en Gálvez y en San Lorenzo. Hay dos pruebas que los comprometen: sus celulares y un auto.
Según las pruebas recolectadas por los investigadores, los aparatos telefónicos de los hermanos y de la víctima impactaron en las antenas de la misma zona donde se determinó que el joven estuvo cautivo durante unas doce horas. La víctima, que tiene una discapacidad y es insulinodependiente, reconoció la casa donde estuvo retenido, en Pueblo Andino, una comuna de menos de dos mil habitantes ubicada a unos cien kilómetros de Gálvez.
El joven también mencionó el auto en donde fue interceptado y trasladado. Se trataba de un Ford Focus gris con un portaequipaje, informaron fuentes policiales. Ese accesorio fue encontrado por los investigadores en esa propiedad de Andino, cuando se realizó el allanamiento la semana pasada. Se cree que los acusados se lo sacaron luego del hecho para dificultar su individualización.
Pero la investigación no terminó ahí. La semana pasada detuvieron, en el Batallón de Arsenales 603 de San Lorenzo, a Jonatan P. Se trata de un hombre de 40 años que trabajaba como empleado administrativo para el Ejército Argentino. Los detectives determinaron que él sería el propietario de la casa donde se cree que la víctima estuvo retenida entre la medianoche del 14 de abril y el mediodía de esa misma jornada.
Según lo que pudieron establecer los investigadores del Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal Argentina (PFA), una línea telefónica interactuó con los dos hermanos acusados del hecho. Pero además se estableció que Jonatan P. estuvo presente “al menos por el lapso de dos horas en las inmediaciones de la casa en el momento del secuestro”, se informó en el sitio Fiscales. También las cámaras de seguridad lo ubicarían en la zona.
Los hermanos Q. y Jonatan P. son cuñados. Éste último está en pareja con una hermana de ellos. Uriel y Franco comparten en sus redes sociales fotos juntos y muestran una relación estrecha. “Compañeros como cuando éramos chicos, en juegos, macanas y algunas otras peleas”, decía parte del posteo de Franco a Uriel por su cumpleaños. Además, ambos tienen imágenes jugando al rugby en el club Jorge Newbery de Gálvez.
El secuestro. La víctima salió en bicicleta desde el bar en donde trabaja rumbo a su casa, en Gálvez, una localidad del Departamento de San Jerónimo ubicada a 80 kilómetros de la capital provincial y a 120 kilómetros de Rosario.
Pero en un momento fue interceptada por un Ford Focus gris. Dos hombres lo tiraron al piso para reducirlo, lo maniataron, le cubrieron la cabeza con una capucha y lo obligaron a subir al vehículo, precisaron fuentes policiales.
Los padres del joven de 27 años recién se enteraron de lo sucedido a las 6.40 de la madrugada cuando recibieron un llamado desde el celular de la víctima. Pero no era la voz de él, sino uno de sus captores que le pedían US$ 200 mil para liberarlo. Dinero con el que la familia no contaba.
De inmediato, la familia realizó la denuncia al 911 y se activó el operativo rescate, encabezado por el fiscal federal Jorge Gustavo Onel y la Policía Federal. Tras una serie de negociaciones, los captores redujeron la suma y cambiaron de moneda. Ahora pedían 5 millones de pesos.
Pero finalmente, el joven fue liberado sin que se concretara el pago del rescate. Lo abandonaron en Ricardone, una zona rural entre la localidad de San Lorenzo y Andino, cerca del domicilio donde estuvo retenido. En el primer cuatrimestre del año, se registraron cuatro secuestros extorsivos en todo el país (ver aparte) y éste fue el único en Santa Fe.
Los hermanos fueron procesados en la causa por haber “sustraído, retenido y ocultado” al joven para cobrar el rescate, situación que se agrava por ser la víctima una persona con una discapacidad y por haberle causado lesiones leves. Y, según pudo saber PERFIL, el fiscal pidió que Jonatan P. siga la misma suerte y sea procesado con prisión preventiva por este hecho.
Ahora está en manos del Juzgado Federal de Santa Fe N°1, a cargo de Reinaldo Rodríguez resolver su situación procesal.
Una modalidad delictiva en baja
Los secuestros extorsivos descienden año tras año. En lo que va del 2023, se registraron cuatro hechos delictivos de esta modalidad. Uno de ellos ocurrió en la localidad santafesina de Gálvez, cuando un joven fue interceptado por dos hombres que lo redujeron y lo obligaron a subir a un vehículo. Lo tuvieron cautivo 12 horas y se comunicaron con la familia de la víctima para liberarlo tras el pago de un rescate, que finalmente no se concretó y el chico fue liberado ileso.
Según el último informe de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos en el primer cuatrimestre de este año se registró la cifra más baja de casos desde 2015. “El promedio de hechos denunciados fue de uno por mes, inferior a los 2,25 del año pasado”, se detalló. Uno ocurrió en Santa Fe y los tres restantes en Buenos Aires.
El 2015 fue el año que registró más casos de secuestros extorsivos (294) y a partir de allí el número fue decayendo. En 2020 hubo 48, en 2021 fueron treinta y el año pasado 27.