El silencio de la madrugada del 16 de diciembre en la Quinta de Olivos se interrumpió por el disparo de un fusil reglamentario. Rodrigo Gómez, un soldado de 21 años encargado de la custodia presidencial, decidió terminar con su vida tras ser acorralado por una red de extorsión digital. Casi dos meses después de aquel suceso, la difusión de su carta de despedida permitió reconstruir el calvario que atravesó el joven, quien se sintió atrapado en una red de mentiras que comenzó en una aplicación de citas.
En su escrito, Gómez dirigió palabras de profundo dolor a su familia y pidió perdón por lo que calificó como una "estúpida decisión". Además expresó que “no quería ser una carga ni generar más problemas”, evidenciando el agotamiento mental al que fue sometido por sus extorsionadores. “No es una muerte honorable, sino más bien patética; nunca pensé que mi vida iba a terminar así por una app de citas”, escribió el joven en un fragmento que leyó la jueza federal Sandra Arroyo Salgado durante la presentación de los resultados de la investigación.
El engaño se gestó en la aplicación "Evermatch", donde el soldado contactó a un perfil falso bajo el nombre de Julieta Ayelén Cardozo. Una vez establecido el vínculo, los delincuentes activaron el "audio del terror", en el que una supuesta madre acusaba a Gómez de ser un "degenerado" por hablar con su hija menor de edad. Esta maniobra buscó quebrar la voluntad del joven mediante el miedo a una denuncia penal y el desprestigio frente a sus superiores en el Ejército Argentino.
La presión escaló cuando Rodrigo recibió el llamado de un presunto oficial de la Policía de la Ciudad que decía estar a cargo de la investigación por abuso. Para dar veracidad al relato, los estafadores usurparon la identidad real del agente Matías Nahuel Conti, enviando fotos de documentación y manteniendo diálogos constantes para ganar la confianza del soldado. Bajo la promesa de "limpiar" la causa judicial inexistente, obligaron al joven a realizar múltiples transferencias de dinero, hundiéndolo en un espiral de deudas.
En su carta, Gómez denunció que los supuestos policías resultaron ser "más corruptos que otra cosa" al pedirle dinero de forma constante. El soldado relató que, a pesar de sus pagos, el acoso nunca se detuvo y que la sensación de soledad y el temor a decepcionar a sus seres queridos lo aterró. Este mecanismo de "sextorsión" fue tan eficaz que el joven no encontró otra salida que el suicidio mientras cumplía sus funciones de custodia en la residencia oficial de la presidencia.
La Justicia Federal y el Gobierno nacional presentaron públicamente los detalles del caso con el aval de la familia de la víctima para alertar a la población sobre este tipo de delitos. La jueza Arroyo Salgado subrayó que la difusión de la carta y de los métodos de la banda es fundamental para prevenir nuevas tragedias similares. La investigación demostró que la organización criminal no solo atacó a Gómez, sino que contaba con una estructura más que aceitada para captar víctimas vulnerables y extraerles sus ahorros mediante el terror.
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El centro de operaciones en las cárceles bonaerenses
La investigación permitió identificar que el cerebro de la banda operaba desde el interior de unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. Los presuntos culpables fueron señalados como un hombre de apellido Francavilla, quien utilizaba el alias del policía usurpado, y otros dos internos identificados como Kevin Sandoval y Mauricio Duarte Arecó. Ambos coordinaban las llamadas y las amenazas desde las cárceles de Magdalena y Olmos, utilizando teléfonos celulares que ingresaron de forma ilegal a los pabellones.
En total, se realizaron siete detenciones que incluyeron a los "recaudadores" que facilitaban sus cuentas bancarias y billeteras virtuales para el movimiento del dinero. Este circuito financiero fue clave para que los estafadores pudieran quedarse con la plata sin levantar sospechas inmediatas de las autoridades bancarias durante los meses que duró la maniobra.
Las autoridades advirtieron que este tipo de organizaciones “se ramifican con facilidad” y que el control sobre el uso de dispositivos móviles en los penales sigue siendo un desafío pendiente. El caso de Rodrigo Gómez quedó como un recordatorio trágico de las consecuencias letales que puede tener el crimen organizado cuando logra infiltrarse en la vida privada de los ciudadanos.
TC cp
