Juan Carlos Gómez, padre de Rodrigo Gómez, el soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos en diciembre pasado tras ser extorsionado por una banda que operaba desde una cárcel bonaerense, responsabilizó al gobierno de la provincia de Buenos Aires por permitir que los presos tengan teléfonos celulares. Además, denunció que ningún funcionario provincial se comunicó con él después del hecho.
Gómez cuestionó con dureza la gestión penitenciaria y apuntó directamente contra el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. “Son muy incompetentes como para dejar que tengan cuatro celulares dentro de una cárcel. Desde ahí hacen lo que quieren”, afirmó en declaraciones a LN+.
También sostuvo que las autoridades cuentan con recursos para impedir las comunicaciones ilegales. "Tienen la capacidad de comprar inhibidores pero no lo hacen. Si pusiera un poco de plata y comprara inhibidores, no pasaría esto”, recriminó.
El padre del joven aseguró que desde el Ejecutivo provincial “nadie se hizo eco” del caso y remarcó que ni Kicillof ni el ministro Alonso se contactaron con él. “Jamás dieron una respuesta ni una declaración”, cuestionó. En el mismo sentido, agregó: “Cuando necesitan algo te lloran y te piden un voto, pero después, cuando en realidad los necesitás, nadie aparece”.
En contraste, señaló que el presidente Javier Milei sí se comunicó para expresarle su apoyo y su intención de que el hecho se investigue con rapidez. “Me apoyó en todo y me dijo que esto tenía que salir a la luz lo antes posible por la integridad de mi hijo”, indicó.
Gómez relató que las extorsiones comenzaron el 15 de diciembre al mediodía y que, al día siguiente por la mañana, Rodrigo tomó la decisión de quitarse la vida. “Lo atosigaron y no le quedó otra”, expresó. Según explicó, su hijo no quería “quedar mal con la familia” ni “defraudar”, y terminó cayendo “en las redes de estos delincuentes que lo avasallaron”.
El hombre también describió a su hijo como un joven reservado, muy querido por su entorno y con futuro dentro de las fuerzas. Tenía planes de continuar su formación en la Fuerza Aérea, pero “se le truncó la vida por estos inconscientes”. Además, advirtió que lo ocurrido podría repetirse si no se toman medidas: “Esto le puede volver a pasar a otra familia”.
Por último, contó que el hermano de Rodrigo también integraba el Ejército, aunque decidió retirarse tras la tragedia. “Le dije que él no se me iba a ir”, concluyó.
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Cómo fue extorsionado Rodrigo Gómez, el soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos
Un mensaje de audio fue el detonante de la extorsión que terminó con la vida de Rodrigo Gómez, el soldado voluntario de 21 años del Ejército Argentino que prestaba servicio en la custodia de la Quinta de Olivos. La investigación, encabezada por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, determinó que el joven fue víctima de una organización que operaba desde cárceles bonaerenses y que desplegaba un mecanismo de extorsión digital.
Todo comenzó con un contacto a través de una aplicación de citas. Un perfil femenino, bajo el nombre “Julieta”, intercambió mensajes, audios e imágenes con Gómez durante varios días. Sin embargo, detrás de esa identidad no había ninguna joven real, sino el primer paso de un esquema que opera con apoyo externo desde las unidades penitenciarias de Magdalena y Olmos.
El soldado recibió un mensaje de voz que luego los investigadores llamaron el “audio del terror”, en el que una mujer decía: “¡Degenerado! ¿Quién te pensás que sos para mandarle eso a mi hija? (...) ¡Ya me estoy yendo a hacer la denuncia! Diecisiete años tiene mi hija”. La escena estaba diseñada para provocar pánico y hacer creer a la víctima que enfrentaba una acusación gravísima.
Minutos después llegó un segundo mensaje, esta vez de un hombre que se presentó como autoridad policial: “Me presento, acá habla Matías Nicolás Conti, subteniente a cargo del Servicio de Investigaciones contra Pedofilia Infantil Cibernética y Trata de Personas”. El falso funcionario aseguraba tener pruebas y advertía sobre una detención.
A partir de ese momento, Gómez fue sometido a hostigamiento. Lo acusaban de supuestos delitos, le hablaban de prisión efectiva y le imponían urgencia. “Tengo a la madre en la otra oficina haciendo un quilombo bárbaro. En 24 horas vas a quedar retenido”, repetían. Finalmente, ofrecían una salida económica: “Yo te puedo sacar limpio de esta, pero va a tener un costo económico. ¿Para vos cuánto vale tu libertad?”.
La exigencia inicial era de 500 mil pesos, con posibilidad de “negociar” el monto y pagar de inmediato mediante transferencias. También imponían aislamiento: “Esto queda entre vos y yo. Ningún familiar, ninguna autoridad”.
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Según la causa, Gómez soportó durante semanas amenazas, pedidos de dinero y advertencias de exposición pública. En su celular quedaron registros de transferencias y mensajes. En la carta que dejó antes de morir, mencionó la presión, lo que permitió a la jueza confirmar que no se trataba de un hecho aislado.
Los allanamientos derivaron en siete detenidos, entre internos y colaboradores que facilitaban cuentas bancarias. Durante los operativos se incautaron teléfonos, chips, computadoras, documentación financiera y anotaciones que detallaban montos, víctimas y turnos de contacto. Además, la causa permitió identificar decenas de casos similares.
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