POLICIA
Temor a los atentados de los monos

Rosario: hay veinte jueces y fiscales con seguridad especial

Tienen vidrios blindados en sus viviendas y salen con custodia. Este martes se definen las apelaciones a las condenas de la banda.

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Monada. Los principales miembros de la banda que sembró el terror. | cedoc

Los jueces no quieren hablar de miedo. Prefieren la palabra “zozobra”. El nerviosismo y un clima de crispación atraviesan, por estas horas y desde junio, a la Justicia rosarina, provocados por la saga de atentados contra domicilios particulares de magistrados e investigadores vinculados a la causa que llevó a prisión a los jefes y laderos de Los Monos. En consecuencia, una veintena de jueces y fiscales cuentan con seguridad especial. No solo son acompañados en sus actividades por custodios sino que, además, los vidrios de las viviendas que habitan fueron blindados.

“El punto de inflexión fue el ataque a tiros al edificio del Centro de Justicia Penal, durante la madrugada del sábado pasado. Cuando atacan un domicilio relacionado a un magistrado, están haciendo una demostración de poder para los jueces que vienen. Es una advertencia. Pero al atacar el Centro de Justicia Penal atacan a la institución misma. Atentaron contra un tribunal que representa el poder del Estado en su ejercicio y están yendo contra eso”, explica un magistrado de la ciudad santafesina a PERFIL.

“Tenemos que trabajar unidos. No hay que retroceder ni manifestar temor. Esto no nos va a doblegar. El compromiso y la responsabilidad con los procesos continúan”, señalan desde la Justicia rosarina.

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Sin embargo, la preocupación se extiende. “¿En qué lugares se vio que una organización atentara contra la Justicia? En la Colombia de Pablo Escobar Gaviria; en Brasil, donde los grupos narcos Comando Capital y Bermelho amenazan a jueces y fiscales, y en México. No sabemos si estamos en ese camino, pero todas estas cosas comienzan así y después no se sabe cómo terminan. Lo peor que puede pasar es que maten a un juez”, reflexionan desde el ámbito judicial.

Día clave. El próximo martes se celebrará la audiencia de apelación de la organización que controló durante varios años la zona sur de Rosario. Los condenados –entre ellos Ramón “Monchi” Machuca, que recibió la pena más elevada, 37 años– no estarán en la sala. Presenciarán, en cambio, la jornada desde prisión, por videoteleconferencia.

“Nos tienen miedo”, se quejó el jefe de Los Monos en una entrevista con diario PERFIL. El “hijo de crianza” de Ariel Máximo Cantero asegura que comparte la misma preocupación que los responsables de juzgarlos.

“Me perjudican”, argumentó, y no descartó que integrantes de su familia estuvieran detrás de los ataques registrados en Rosario.

Las camaristas que revisarán las sentencias serán Gabriela Sansó, Carolina Hernández y Bibiana Alonso. Carlos Edwards, el abogado de Machuca, indicó a este diario que intentará que se revoque la condena.

No es la última cita que los miembros de la banda dirigida por el clan Cantero tienen este año con la Justicia. El 20 de septiembre próximo, 32 integrantes de Los Monos comenzarán a ser juzgados por narcotráfico, por el fuero federal. Uno de ellos es otro de los líderes de la organización: Ariel “Guille” Cantero, detenido por el primer atentado al juez Ismael Manfrin, y su madre, Celestina Contreras, más conocida como “la Cele”.

Los jueces a cargo del debate serán Osvaldo Facciano, Eugenio Martínez y Ricardo Vázquez.

 

Llegan magistrados brasileños

La preocupación por los atentados llegó al presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM). Su presidente, el juez brasileño Walter Barone, visitará Rosario el 20 de agosto. Lo hará acompañado por un magistrado de Curitiba especializado en protocolos de seguridad y actuación en caso de ataques e intimidaciones.

La visita es el resultado de pedidos del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Santa Fe, presidido por Gustavo Salvador, y de la Federación Argentina de Magistrados, dirigida por Ariel Ariza.

Ambas organizaciones vienen reclamando soluciones a la Corte y a los ministerios de Seguridad y Justicia. Ariza consideró que “cuando el Poder Judicial actúa con independencia, muchas veces hay afectaciones de intereses y pueden esperarse repercusiones. Pero un plan de acción sistemática de intimidación y amenazas de estas características no hay”.