Treinta y ocho agentes del Servicio Penitenciario Federal de Salta fueron imputados en una causa en la que se investiga la aparente aplicación de sobreprecios en gestiones de provisión de alimentos para los internos alojados en las unidades de la provincia. Los involucrados fueron acusados de generar un "régimen de hambre" sobre los detenidos mientras se sobrefacturaba el servicio de catering contratado.
Entre los imputados hay directores nacionales desde 2012, las máximas autoridades de las áreas de administración, contratación y auditoría del organismo, y siete directores de la empresa encargada de brindar el servicio de alimentación de las personas detenidas en el Complejo Penitenciario Federal del NOA, según consignó la agencia DyN.
La denuncia fue realizada por el fiscal federal 2 de Salta y coordinador de ese Distrito, Eduardo José Villalba; el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, y el fiscal ad-hoc coordinador del Área de Corrupción en las Fuerzas de Seguridad de esa dependencia, Fernando Vallone.
La investigación. Tuvo su origen a principios de este año, y la misma llevó a que se realicen allanamientos en los centros penitenciarios de las localidades General Güemes y Cerrillos, lindantes con la ciudad capitalina. Según los representantes del Ministerio Público, hubo un "régimen de hambre" que generaba graves padecimientos en los detenidos producto de la deficiente alimentación, y que tenía como causa la mala prestación del servicio de catering por parte de la firma Servicios Integrales de Alimentación SA.
Por su parte, la empresa "diferenciaba el servicio que le daba a los internos y al personal penitenciario”, en tanto se acreditó que en reiteradas ocasiones a éstos últimos se les entregaba asado, “llegando a contabilizarse una suma total de 789 kilogramosentre dicho corte, chinchulines, chorizo, morcilla y vacío”.
