POLITICA
planteo de la oposicion portea

Denuncia contra la Ciudad por concesiones polémicas

Investigan los bajos impuestos que pagan grandes empresas por usufructuar terrenos públicos. El macrismo promete revisarlos.

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El restaurante que elige Marcelo Tinelli o el complejo donde se casó Mauricio Macri son algunas de las concesiones de la Ciudad que quedaron en la mira luego de que una denuncia penal pusiera bajo la lupa los montos que pagan mensualmente las empresas por explotar negocios en terrenos públicos.

La denuncia, presentada por los legisladores Pablo Bergel y Gustavo Vera, junto al ex diputado Facundo Di Filippo, apunta a cuarenta concesionarios. Por ello, pidieron que se investigue el “posible delito de defraudación por administración fraudulenta” y acusaron al ministro de Desarrollo Económico, Francisco “Pancho” Cabrera y al director de Concesiones, Gabriel Astarola. Tras el fin de la feria judicial, la semana próxima la fiscal María Paula Assaro, quien lleva la investigación, deberá estudiar las pruebas.

“Las irregularidades son manifiestas. Grupos empresarios muy poderosos obtienen importantes beneficios con tierras públicas. Apenas asumido Macri, prometió regularizar la situación y, siete años después, se comprueba que la entrega fue aún mayor”, denunció Di Filippo a PERFIL. El Ministerio de Desarrollo Económico negó tales irregularidades y se presentó espontáneamente en el juzgado con un detallado documento con detalles de cada concesión.

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Gardiner. El restaurante, de la empresa Food Co SA, es frecuentado por Marcelo Tinelli (quien suele almorzar los domingos en familia), Jorge Rial y la niña Loly (festejó sus 26 ahí) o Juanita Viale. Está ubicado en Avenida Costanera y Pampa, en un lugar privilegiado mirando al río, tiene capacidad para 250 cubiertos y los precios no bajan de $ 250 por persona. En el Gobierno porteño explicaron que la firma hoy paga $ 44.000, aunque “está previsto llamar a licitación para la concesión del predio antes de fin de año”.

Hipódromo. El estacionamiento para más de mil autos frente al Hipódromo de Palermo, que manejan Federico de Achával y el zar del juego, Cristóbal López. Allí no se paga canon (a pesar de que la estadía sale $140), aunque hay una sentencia judicial para desalojar la playa. La Policía Federal se negó a realizarla invocando cuestiones de procedimiento. “Se evalúan alternativas para la desocupación”, afirmaron en el gobierno porteño. Una cochera sale, en esa zona, no menos de 30 mil dólares.

Más estacionamiento. Dos playas donde se depositan los autos mal estacionados acarreados por las grúas pagan un canon de $ 30 mil por un negocio que supera los $ 10 millones. Las concesionarias (BRD y Dakota) usan cuatro predios del Estado. En la Ciudad es un secreto a voces que una de las empresas está vinculada con la familia Moyano. La licitación para el servicio está vencida desde 2001 y, en principio, se adjudicaría una nueva concesión en febrero de 2015.

Buenos Aires Design. El complejo de Recoleta, explotado por IRSA, paga $ 46.694 por setenta locales, dos centros de eventos (uno de ellos es utilizado por el PRO para reuniones de gabinete ampliado) y 140 cocheras. A pesar de ello, hay quienes sostienen que “es deficitario” y apuntan que se realizó una inversión de unos 60 millones de dólares. La concesión implica remodelar el Centro Cultural Recoleta y, según el macrismo, se analiza subir el canon.

 

Costa Salguero y el PRO

Otro de los polémicos concesionarios es Telemetrix, que maneja el Complejo Costa Salguero, por $ 166.652,72 de canon, con 17 hectáreas con 23 emprendimientos (hoteles, discotecas, salones de eventos y hasta golf). En este complejo, Mauricio Macri se casó con Juliana Awada y también se usa como búnker del PRO en las elecciones. La denuncia sobre este concesionario involucró a la jefa del bloque del PRO porteño, Carmen Polledo. Es que Fernando Polledo Olivera, marido de la diputada, es presidente de Centro Costa Salguero SA, a cargo los cinco pabellones del centro de exposiciones. Según explicó a PERFIL la legisladora, la empresa no es concesionaria del Gobierno, sino que le paga un alquiler a Telemetrix como subconcesionaria. “Es tendencioso y mentiroso lo que dicen, yo entré al PRO en 2009 y hace 22 años que mi marido es el presidente del centro de exposiciones, que está dentro del complejo, pero nada que ver con Telemetrix”, afirmó.