El empresario K Lázaro Báez suma un nuevo frente judicial acompañado por su colega Cristóbal López. La Justicia federal de Bahía Blanca abrirá a partir de esta semana una causa anexa a la del empresario Juan Ignacio Suris y un escándalo de supuesto narcotráfico.
El fiscal Alejandro Cantaro solicitará a la AFIP que remitan a la Justicia la lista total de los 150 empresas y empresarios que usaron las facturas falsas que Suris vendía para evadir impuestos, adelantaron a PERFIL fuentes de la causa.
La nueva causa se abrió luego de dos artículos de PERFIL y La Nación, en los que se reveló que la Justicia federal porteña tenía a Suris en la mira por el fraude de las facturas truchas y su posible conexión con Báez. Además, se informó que dos empresas relacionadas con los empresarios Báez y López estarían en la lista de los usuarios de las facturas falsas de Suris.
El dato central para el destino judicial de Báez es que si lo imputan por supuesta “asociación ilícita fiscal”, como parte de un supuesto fraude millonario al fiscal, ese delito encuadraría en la categoría de “fraude”. Con esos indicios, el juez federal Sebastián Casanello, que lo investiga por supuesto lavado de dinero, tiene un nuevo argumento para exigir a Suiza que envíe la información bancaria de los Báez en ese país. La pista suiza es clave para esclarecer si Lázaro lavó más de 50 millones de euros. Suiza podría aportar cuántas cuentas tiene la familia Báez, cuánto dinero movieron, de dónde se obtuvo el dinero –según Federico Elaskar, los fondos provienen de cincuenta sociedades anónimas que él creó en paraísos fiscales–. El país helvético exige que haya al menos indicios de que Lázaro cometió fraude, además de evasión.
En una entrevista con PERFIL, el embajador suizo, Johannes Matyassy, confirmó que la familia Báez –también investigada en Suiza– pidió que ese país levante el congelamiento de sus cuentas. El embajador resaltó que Suiza y el juez Casanello deben “hablar” para llegar a un intercambio de información.
Esta semana, el fiscal de Bahía Blanca pidió la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y el organismo a cargo de Carlos Gonella ya confirmó su participación en la causa de presunto fraude fiscal. La decisión traerá polémica. Gonella fue denunciado por supuestamente haber protegido a Báez en el inicio de la causa que investiga Casanello. En la Procelac, niegan las acusaciones