Los organismos de Derechos Humanos expresaron su rechazo al proyecto que propuso el presidente Mauricio Macri durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de crear un Parque Nacional en Campo de Mayo, en el partido de San Miguel.
Campo de Mayo funcionó como un centro clandestino de detención y torturas durante la última Dictadura. “Será uno de los parques nacionales urbanos más grandes del mundo y parte del sistema de áreas protegidas del Área Metropolitana" de Buenos Aires, dijo Macri el miércoles. El jefe de Estado consideró que, de ese modo, los argentinos podrán "vivir cerca de un lugar verde" en el que puedan "conocer y preservar la naturaleza".
La propuesta no fue bien recibida por los organismos de Derechos Humanos, que se mostraron contrarios a que se materialice la iniciativa. "Los familiares estamos a la espera de juicios que den cuenta de lo que le hicieron a nuestros seres queridos que pasaron por allí y aún buscamos a muchos bebés que nacieron durante el cautiverio de sus madres en ese centro clandestino", expusieron en un comunicado varias organizaciones, entre las que se encuentran Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Asimismo, indicaron: "Campo de Mayo es un espacio de prueba para juicios de lesa humanidad que están por venir, cualquier modificación puede entorpecer el testimonio fundamental de un sobreviviente. Por otro lado, la justicia continúa recibiendo denuncias de cuerpos enterrados en ese lugar y frecuentemente se realizan excavaciones para verificar si alguno de esos restos pertenece a nuestros desaparecidos y desaparecidas. En este sentido, la iniciativa se contrapone con lo establecido por la Ley de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado que tiene como objeto la preservación de estos espacios “a los fines de facilitar las investigaciones judiciales, como asimismo, para la preservación de la memoria de lo acontecido durante el terrorismo de Estado en nuestro país”.
"Nos preocupa que una iniciativa tan vinculada a la garantía del proceso de Memoria, Verdad y Justicia no haya sido consultada con los familiares de las víctimas que pasaron por ese centro de tortura y muerte, que hoy el presidente propone como espacio de esparcimiento", lamentaron.
"Los organismos llevamos más de 40 años bregando por saber cuál fue el destino de nuestros desaparecidos, y el paradero de los nietos y nietas apropiados. Cada Centro Clandestino de Detención guarda pruebas fundamentales para los juicios, pero también para la memoria de un pueblo que en cada intento de retroceso, confirma que no quiere nunca más terrorismo de Estado en su país", concluyeron.
