El titular de la Unión Obrera Metalúrgica y jefe de la CGT oficialista es investigado por presunto desvío de 900 millones de pesos.
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Telam
Todo comenzó con un bolso con 800 mil dólares que un abogado portaba cuando quiso salir de Buenos Aires en un viaje en Buquebus en agosto de 2011. Fue detenido en la Aduana cuando pretendió justificar sus ingresos como abogado miembro de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Ésta fue la primera pista de la Justicia para comenzar a investigar la presunta trama de lavado de dinero del sindicato liderado por Antonio Caló.
Según consignó La Nación, la Justicia investiga un caso de lavado de dinero, pagos irregulares, evasión tributaria y administración fraudulenta que involucra al jefe de la CGT oficialista, Antonio Caló.
En la trama se confunden un bolso con 800.000 dólares, los repartos en negro de fondos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) a su conducción y el nombre de Julio Vicente Raele, que fue el hombre de mayor confianza de Lorenzo Miguel y que todavía hoy es un vértice del poder económico de los metalúrgicos.
Caló está acusado por el desvío de fondos de los afiliados a favor suyo y del resto de los integrantes del secretariado. Hasta el momento, los repetidos intentos que hizo por cerrar la causa han resultado infructuosos.
En cuanto al hombre del bolso en el Buquebus, Segundo Pantaleón Córdoba, su participación en esta trama se destacó cuando presentó ante la Justicia una denuncia sobre el origen irregular de los fondos que todos los meses le entregaba el sindicato. Querelló al presidente del Instituto de Seguros SA, Julio Raele, y al propio Caló, en su carácter de secretario general de la UOM, por considerarlos responsables de un caso de evasión tributaria, consignó el matutino.
Córdoba está hoy procesado en segunda instancia por encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. A fines de 2012, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico revocó su sobreseimiento y consideró que "el dinero transportado por él provenía de una defraudación cometida por los administradores de los fondos recaudados para el pago del seguro de vida y sepelio de los trabajadores metalúrgicos".
La fiscal del caso, Gabriela Ruiz Morales, espera que la causa sea elevada en breve a juicio oral. Según la presentación de Córdoba, la evasión en el reparto de fondos entre la jefatura de la UOM rondaría los 900 millones de pesos sólo en los últimos cinco años. Por eso, en el fuero penal tributario, el fiscal Jorge Dahl Rocha le pidió al juez del caso Skanska, Javier López Biscayart, que determine si existió o no el delito de evasión entre 1990 y 2008. A fines de 2012, López Biscayart dio intervención a la AFIP para que revise los números del sindicato que el kirchnerismo considera emblema del proceso de recuperación económica que se inició en 2003.
El exabogado de la UOM denunció que el dinero se repartía entre otras 13 personas, la mayoría miembros del secretariado nacional del sindicato. En la actualidad, la causa por lavado y defraudación a los trabajadores metalúrgicos son investigadas como un mismo hecho en el juzgado federal nº 2, de Rafael Caputo.
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