La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó “su profunda preocupación” por las declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien habló de la necesidad de la prensa de ‘autolimitarse’ al hablar de los mandatarios elegidos por la voluntad popular.
"Vamos a discutir el tema de la ‘gobernanza’ de la prensa. Nosotros respetamos la libertad de expresión a rajatabla, pero creemos que es importante que todos nos autolimitemos cuando tenemos que hablar de las autoridades legítimamente electas por la voluntad popular”, planteó Quintela, quien también sostuvo que “hay términos que son descalificadores hacia las personas, como la persona mía, términos que son humillantes y que agravian a nuestras familias”.
“Cuando decís algo de ese tipo de periodismo se quieren resguardar con que atentamos contra la libertad de expresión. Nada de eso. Queremos que se discuta cuál es el rol de la prensa en la democracia”, dijo el mandatario, que logró la reelección el pasado fin de semana. Y sumó: “Todos ustedes viven de la pauta del gobierno nacional y desde ahí han empezado a construir otro tipo de negocio. Entonces es importante que se respeten a los que legítimamente fueron electos, que no quiere decir que no se critique, pero siempre con el respeto que se merecen”.
El comunicado de ADEPA tras los dichos de Ricardo Quintela
Al respecto, Adepa expresó en un comunicado que “la convivencia democrática en sociedades diversas reconoce como elemento esencial la posibilidad de someter a juicio y crítica el actuar de los funcionarios públicos, incluso cuando su designación provenga de una elección democrática, competitiva y libre de sospechas”.
“No es el origen democrático de un funcionario un título que brinde ningún tipo de indemnidad ante la crítica. Por el contrario, en su carácter de mandatarios de esa voluntad popular, estarán sometidos siempre a un escrutinio superior y más intenso de sus acciones”, dijo la entidad. “Ese es el papel de la prensa y ese papel es indispensable en un sistema democrático”, remarcó.
"Lo dicho no se modifica por el hecho de que los gobiernos, en cumplimiento de exigencias constitucionales e internacionales, deban difundir los actos de gobierno y en paralelo contribuir a la sostenibilidad de la prensa independiente en la particular coyuntura mundial que atraviesa el sector, tal como lo exige Unesco en la Declaración Windhoek+30", argumentaron desde la Asociación.
En esa línea, calificó las declaraciones de Quintela como un “un desvío autoritario”. “La sola sugerencia de que la comunicación institucional que el Estado está obligado a realizar debe ser un motivo de deferencia para con los funcionarios constituye un inusitado desvío autoritario. Erigir la percepción de fondos estatales como una causa para limitar la crítica a los funcionarios por parte de los ciudadanos, sean estos periodistas, empleados públicos o beneficiarios de planes sociales, pone de manifiesto una visión completamente desviada del servicio público y de la propia democracia”.
No obstante, en el documento aclararon que “el desempeño de la actividad periodística no otorga inmunidad por un eventual ejercicio irregular. En palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no existe derecho al insulto gratuito”.
Por último, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas planteó que, en democracia, “el día que la prensa, por presiones económicas o amenazas legales, deje de escrutar y criticar el desempeño de los funcionarios estatales, dejará de ser esta el sustrato indispensable para la existencia de un sistema democrático de gobierno” y “se habrá convertido en un órgano de propaganda de gobiernos autoritarios o totalitarios”.
