POLITICA

Allanan el barrio privado de exfuncionaria K y amiga de Boudou

El juez Sergio Ramos investiga si la extitular de la Casa de la Moneda pagó su seguridad personal con dinero del Estado. Galería de fotos

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La Justicia allanó un barrio privado donde vive Katya Daura, quien estuvo al frente de la Casa de Moneda desde 2012 hasta finalizado el gobierno de Cristina Kirchner, en el marco de una investigación impulsada por la gestión macrista para saber si pagó servicios de seguridad personal con dinero del Estado.

Fuentes judiciales revelaron a DyN que los allanamientos se hicieron días atrás en un barrio cerrado de la localidad bonaerense de Manuel Alberti, partido de Pilar, donde vive Daura.

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El juez federal Sergio Ramos, a cargo de la investigación, también dispuso interrogar a los vecinos de la ex funcionaria para conocer la seguridad de la zona, y se solicitó informes al Ministerio de Seguridad para saber si en algún momento Daura planteó que necesitaba reforzar su custodia, añadieron las fuentes.

Daura vive en un terreno de 4 mil metros cuadrados de superficie, sobre la calle Hipólito Yrigoyen al 1400, en un lugar llamado Barrio Chico, a la altura del kilómetro 38,5 del ramal Pilar de la autopista Panamericana.

Daura llegó a la Casa de Moneda en 2011 por impulso del ex vicepresidente Amado Boudou; está investigada en la causa del salvataje de la imprenta ex Ciccone Calcográfica, por la que el entonces número dos de la Presidencia está procesado, y también en la causa por enriquecimiento ilícito.

"Vivo en una casa grande porque tengo una familia grande", dijo la entonces funcionaria cuando se hizo la denuncia.

La ex jefa de la Casa de Moneda fue denunciada por la gestión de Mauricio Macri cuando luego de un control de gastos detectaron que la ex funcionaria habría pagado con dineros públicos un servicio de vigilancia satelital para dos autos propios, y que también habría contratado -con dinero de Casa de Moneda- a la empresa de seguridad Ci5 para que hubiera vigilancia en su casa particular.

El fiscal Gerardo Pollicita imputó a Daura por una posible malversación de fondos públicos y solicitó informes al Registro de la Propiedad Automotor sobre los legajos de los dos autos que tenían un servicio de monitoreo satelital pago por la Casa de Moneda.

Marcelo Javier Pose, actual presidente de ese organismo, denunció que en 2013 la Casa de Moneda contrató a la firma Ci5 para custodiar a la funcionaria y le proporcionó un agente las 24 horas y otro de 7 a 19 con un móvil a su disposición.