AMIA: Interpol emitió la captura internacional

La sede de Interpol Argentina transmitió a todas sus oficinas del mundo los “requerimientos” de arrestos provisorios del ex presidente iraní Akbar Hashemi Bahramie Rafsanjani y de los otros ocho ex funcionarios del gobierno de Teherán que atentaron contra la AMIA.

La orden se desprende del pedido de captura internacional que emitió el juez federal Rodolfo Canicota Corral, a cargo de la investigación de la voladura de la mutual judía en 1994 y en base a las pruebas aportadas por Alberto Nissman, el juez de los fiscales que trabajaron en la investigación de la causa.

Esta nueva ofensiva de la Justicia argentina contra Irán por el atentado a la AMIA –que dejó 85 muertos y más de trescientas personas heridas– provocó la reacción favorable de Israel y la comunidad judía que reside en la Argentina, pero el rechazo absoluta por parte del gobierno de Teherán presidido por Mahmud Ahmadineyad.

El premier iraní está acusado, por los Estados Unidos e Israel, de llevar adelante un plan nuclear que podría comprometer la seguridad del resto de los países. Inclusive, el gobierno de ese país amenazó a la Argentina con contraatacar este pedido de captura y solicitar, a cambio, los arrestos del fiscal Nissman y del ex Juan José Galeano, quien también investigó la causa durante toda la década del noventa y había pedido la captura de los iraníes pero sin tener éxito.

Los nueve iraníes con pedidos de arresto provisorio son Rafsanjani, el ex embajador de Irán, Hadi Soleimanpour; los ex ministros Alí Fallahijan y Alí Akbar Veleyati; de los ex comandantes Moshen Rezai y Ahmad Vahidi, del ex jefe de Seguridad Exterior Imad Fayez Moughnieh, del ex consejero cultural en Argentina Mohsen Rabbani y del tercer secretario de la delegación diplomática en Buenos Aires, Reza Ashgari.

Es la segunda vez que la Justicia argentina pide la captura de Soleimanpour, que el 21 de agosto de 2003 fue hallado en Durham, Gran Bretaña, a requerimiento de Argentina. Sin embargo, la Justicia londinense rechazó el pedido de extradición y liberó al diplomático por falta de pruebas.

A partir de ese momento, Irán presentó una denuncia en el Tribunal Supremo de Gran Bretaña por ofensa contra el honor y reclamó una indemnización de 180 mil libras esterlinas, cantidad de dinero que el Gobierno del primer ministro Tony Blair debió pagar a Teherán.