POLITICA

AMIA | La Cámara Federal falló contra el pacto con Irán: es inconstitucional

El tribunal invalidó el acuerdo entre Argentina e Irán para investigar la voladura de la mutual judía y ordenó reiterar los pedidos de captura y extradición contra tres exdirigentes claves.

Hace un año, el Gobierno argentino firmó el polémico acuerdo con Irán.
| Cedoc


La Sala I de la Cámara Federal porteña rechazó hoy la constitucionalidad del memorándum entre Argentina e Irán por la causa AMIA. De este modo, el tribunal de Apelaciones revocó la resolución del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien había dado por válido el acuerdo aprobado por el Congreso Nacional, pero que nunca fue convalidado por las autoridades iraníes.

La sala integrada por los jueces Pablo Farah y Jorge Ballesteros (Eduardo Freiler se excusó) -los mismos que ordenaron investigar a Cristina Fernández de Kirchner por el acuerdo YPF-Chevron- finalmente se expidió sobre el polémico tratado, al cual declaró de inconstitucional.

Según apuntó el Centro de Información Judicial (CIJ), el fallo ordenó al Juez de primera instancia la realización de medidas tendientes a reiterar los pedidos de extradición y asistencia judicial formulados a Irán, que no fueron contestados hasta la fecha y requerir a Interpol que reexamine la solicitud de difusión roja de las capturas del expresidente y actual titular del Consejo de Discernimiento del Interés del Estado​, Alí Rafsanjani; el excanciller y excandidato presidencial Alí Akbar Velayati, y el exembajador iraní en Argentina, Hadi Soleimanpour. Asimismo, exhortó a que extreme los esfuerzos para averiguar el paradero de los imputados y hacer efectivas las detenciones ya dispuestas en la causa, más allá de lo que implica su mera anotación y/o difusión.

Plazos. Mientras tanto, todavía se aguarda el fallo de la Cámara de Casación por la causa AMIA II, que investiga el supuesto encubrimiento de la primera causa que investigó el atentado y revisar la "pista siria", cuya atención ahora fortalecería la postura del Gobierno en la causa AMIA para desviar las acusaciones contra Irán.

En mayo de 2013, la Corte Suprema había ordenado a Casación que "se imprima a la causa el trámite que prevé el Código Procesal Penal de la Nación y se dicte sentencia a la brevedad". El reclamo provenía de los representantes de la Comunidad Judía agrupados en Memoria Activa sobre un expediente resuelto por el exjuez federal Gabriel Cavallo en 1997 y en instancia de apelación desde 2007.

En la causa, elevada a juicio en 2011, están imputados el expresidente Carlos Menem; el exjuez federal Juan José Galeano; el exjefe de la SIDE Hugo Alfredo Anzorreguy; los exfiscales federales Eamon Mullen y José Barbaccia; el exagente de inteligencia Patricio Miguel Finnen; el excomisario inspector del Departamento de Protección del Orden Constitucional, Carlos Antonio Castañeda; el excomisario de la División de Operaciones Federales de Drogas Peligrosas Jorge "Fino" Palacios; el extitular de la DAIA Rubén Beraja; el desarmador de autos y hoy abogado Carlos Telleldín; su exesposa, Ana María Boragni; y el abogado defensor de ambos, Víctor Stinfale. Entre las denuncias aparecen el pago ilegal de 400 mil dólares a Telleldín y el sembrado de pistas falsas que terminaron por obstaculizar la pesquisa.

La hipótesis. El reclamo de Memoria Activa supone que, en su momento, el exsecretario de Galeano, Claudio Lifschitz, reveló detalles de cómo el magistrado manejó la causa judicial, y aseguró que después de una visita a la Casa Rosada el entonces juez había profundizado la investigación hacia los policías bonaerenses que terminarían acusados por el imputado Carlos Telleldín, previo pago de la SIDE, a poco de cumplirse dos años del atentado.

La sospecha es que Galeano habría recibido instrucciones desde la Casa Rosada y se apuntó en ese sentido al entonces ministro Carlos Corach, allegado además al entonces titular de la DAIA, Rubén Beraja.