La agrupación Memoria Activa, que nuclea a familiares y amigos de víctimas del atentado terrorista a la AMIA, repudió públicamente que los abogados contratados por la gestión de Cambiemos, para llevar adelante la querella del Estado y que fueron duramente criticados por su rol en el caso, sigan cumpliendo funciones en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
“Exigimos se solucione prontamente”, sostuvieron en el comunicado de repudio. La posición durante el macrismo en el juicio por el encubrimiento del atentado fue eje de un conflicto, incluso al interior de Cambiemos. “Esperamos y exigimos que las autoridades asuman su responsabilidad y demuestren que el Estado argentino, de una vez por todas, es capaz de estar a la altura de un reclamo ciudadano tan genuino y legítimo como el reclamo por verdad y por justicia”, agregaron desde la agrupación.
En el comunicado de Memoria Activa sostuvieron que “a pesar de las reiteradas denuncias públicas sobre el encubrimiento macrista que hemos realizado y la escandalosa actuación al frente de la querella estatal del juicio por encubrimiento, los abogados puestos por el ex ministro de Justicia Germán Garavano, José Console, Miguel Inchausti y Horacio Di Filippo, siguen trabajando para dicha cartera en el caso AMIA”.
Consultados por PERFIL, desde el Ejecutivo aseguraron que a los tres abogados "se les está por revocar el poder que tenían para representar al Estado en la causa", al tiempo que remarcaron que la Unidad depende en la actualidad, dados los cambios que se hicieron durante el macrismo, del Programa Verdad y Justicia, bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
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Tras lo que agregaron: “son los mismos que, tras la orden del ministro de alejarse de la postura de la querella de Memoria Activa y otros familiares, se sentaron frente al Tribunal y actuaron en consecuencia”.Y detallaron: “son los mismos que, sin que se les moviera un pelo, leyeron un alegato desprolijo y vergonzoso que parecía una defensa de los encubridores más que una acusación”.
Y aseguraron que “son los mismos que pidieron, siempre 'en cumplimiento de expresas instrucciones de nuestro mandante', la absolución del entonces comisario de la Policía Federal Jorge “Fino” Palacios. Son los mismos que, tras el pedido del gobierno tal como se prueba en el reciente audio de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, desistieron de acusar a los amigos ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, claros involucrados en el desvío de la investigación”.
Luego de lo cual, sostuvieron que no podían dejar de preguntarse: “¿Por qué estas personas continúan trabajando en la causa AMIA en representación del Ministerio de Justicia? ¿Qué está esperando la ministra de Justicia, Marcela Losardo, para actuar según los intereses de la verdad y la justicia? ¿No hay acaso pruebas suficientes del vergonzoso actuar de estos empleados estatales?”.
Luego de lo cual hicieron referencia al escenario actual. “Somos conscientes de que en el contexto de una pandemia hay numerosas urgencias que atender, pero seguir sosteniendo encubridores en puestos estatales es seguir sosteniendo la impunidad”.
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Denuncias previas en la misma dirección:
En enero de 2019, el propio extitular de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA, Mario Cimadevilla, acusó a los entonces presidente Mauricio Macri y ministro de Justicia, Germán Garavano, de encubrir “amigos” en el expediente y calificó la investigación como “infamia”. Lo hizo en un informe que presentó al mandatario hace casi un año que no había trascendido hasta entonces. Y ya en marzo del 2018, cuando la unidad fue disuelta en medio de un escándalo, el chubutense apuntó contra Garavano por su apartamiento y lo denunció por encubrimiento por la actuación del Estado en el juicio que se llevaba adelante por el desvío de la investigación del atentado a la mutual judía. El exsenador radical pidió que se investigara a Garavano, a otros integrantes de su cartera y al abogado José Console por los presuntos delitos de "abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y encubrimiento". La Justicia desestimó el reclamo de Cimadevilla.
Precisamente Cimadevilla también aparecía como destinatario de un audio en el que la ex vicepresidenta Gabriela Michetti reclamaba por lo que había sucedido en la indagatoria del ex fiscal José Barbaccia, involucrado en el encubrimiento. El audio se conoció recientemente y Cimadevilla precisó que él no grabó a la exvicepresidenta sino que se trató de un mensaje de voz de Whatsapp que recibió cuando ella era la número dos de la Casa Rosda. Sostuvo que la información de la nota de El Cohete a la Luna, dónde se publicó el audio, fue extraída de una denuncia que él hizo. "En la indagatoria de José Barbaccia no le fue muy bien y a lo mejor Michetti pensaba decirnos a nosotros porqué no le fue bien", opinó.
