Memoria Activa, una de las organizaciones que tiene como fin esclarecer quiénes son los responsables de los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA, solicitó este miércoles 26 de febrero al procurador general interino, Eduardo Casal , la remoción del fiscal Sebastián Basso al frente de la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA (UFI-AMIA). "Necesitamos una fiscalía seria con garantías de imparcialidad para actuar en una causa que no soporta más impunidad", expresaron este jueves.
A través de un mensaje difundido en las redes, la asociación civil argumentó el pedido y afirmó: "El fiscal Basso es sobrino de la fallecida jueza camarista Luisa Riva Aramayo, una de las principales responsables del encubrimiento y desvío de la investigación del atentado a la AMIA, tal como se probó en el #JuicioEncubrimiento".
#AMIA Ayer le solicitamos al procurador general interino, Casal, la remoción del fiscal Sebastián Basso de la UFI-AMIA.
Necesitamos una fiscalía seria con garantías de imparcialidad para actuar en una causa que no soporta más impunidad. pic.twitter.com/ze6uPlPXsd— Memoria Activa (@MemoriaActiva) February 27, 2020Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nunca Suscribite
En este sentido, desde Memoria Activa aseguraron que "lo mismo se sostuvo en el juicio por el atentado ante el TOF 3 (2001-2004)" en el que "Riva Aramayo tuvo una clara intervención criminal" ya que "tuvo un rol PROTAGÓNICO en el armado arquitectónico" de la "falsa pista policial, que terminó de sellar la impunidad en la causa AMIA". En consecuencia, "la designación de Basso al mando de la UFI AMIA implica ponerlo en posición de tener que valorar la actuación de su tía en las causas vinculadas con el encubrimiento (aún en trámite) como también en la investigación del atentado, propiamente dicha", recalcaron en un posteo en Twitter
"El vínculo familiar entre el fiscal Basso y la ex jueza Riva Aramayo existe y resulta un dato ineludible a fin de ponderar la objetividad con la que debe actuar un fiscal, con mayor razón en un caso de esta naturaleza, importancia y considerando lo vapuleada que ha sido la causa", subrayaron. Desde la organización argumentaron, además, que el nombramiento de Basso como titular de la UFI AMIA "se hizo sin consultar o proceso participativo" y que eso les genera "una gran incertidumbre sobre las razones de los cambios previos y de la llegada de un titular vinculado a quienes favorecieron el encubrimiento del atentado terrorista".
La AMIA y familiares denuncian una causa "paralizada"
En este marco, aseguraron que desde 2018, "la nueva gestión de la UFI AMIA discontinuó los informes de gestión y dejaron de dar cuenta de todas sus actividades" y que en agosto 2019 denunciaron "maniobras de obstaculización" en la UFI AMIA que "dificultaron" a los abogados "el acceso a la documentación que se encuentra en la Unidad" y que requerían en el marco del trabajo que realizan en el caso que tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por último, concluyeron que la decisión de nombrar a Basso como titular de la UFI AMIA "resulta una medida perniciosa y regresiva que debilita ostensiblemente su funcionamiento", y que la decisión cuestionada constituye un "flagrante incumplimiento del compromiso asumido en el marco del acuerdo de solución amistosa celebrado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2005".
Memoria Activa ha sido, desde su designación en en 2019, muy crítica por los vínculos familiares de Basso con Luisa Riva Aramayo, la jueza fallecida en 2012, que fue investigada en la causa por encubrimiento. Memoria Activa y la organización Apemia denuncian hace meses que se quiere vaciar la UFI-AMIA. Junto a 18J, otra asociación de familiares y amigos de víctimas, fueron los principales impulsores del juicio por encubrimiento que, en marzo, tuvo un veredicto donde se reconoció un plan para desviar la investigación, que incluyó a funcionarios judiciales, autoridades civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.
AB/FeL
