Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), recibió este miércoles 29 de enero a las referentes de Memoria Activa, Diana Wassner y Adriana Reisfeld, y les comentó sobre las obras de limpieza y refacción del inmueble de la AFI, en el que se encuentran almacenadas escuchas y documentación sobre los atentados a la Embajada de Israel y la sede de la AMIA.
La información había sido desclasificada en el año 2015 por el Poder Ejecutivo y puesta a disposición de la Justicia: se trata de más de 2000 cajas de papeles y 5000 escuchas en casette y videos en VHS. Sucede que, a los pocos días de asumir, Caamaño encontró parte de esos archivos vinculados al atentado a la AMIA en un edificio en el que la falta de mantenimiento hacían peligrar el estado de las pruebas, por lo que pidió comenzar las obras para resguardar los archivos.
Tal como publicó PERFIL semanas atrás, muchos de los registros que se desclasificaron en 2015 se encontraban en un edificio donde había deterioro y abandono, pese a que se conservaban pruebas que aún no terminaron de analizarse. En el inmueble se detectaron instalaciones eléctricas defectuosas y expuestas; matafuegos vencidos; techos con goteras; vidrios rotos; mampostería derrumbada; alarmas de incendio, inundación e intrusión en mal funcionamiento, entre otras deficiencias.
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Wassner había mostrado su preocupación por esta situación: "Esto demuestra lo que quiso hacer con la causa AMIA: tirarla a la basura. En el año 2015, cuando se reestructura la SIDE fuimos a desclasificar archivos y todo estaba exactamente igual", dijo en diálogo con El Destape Radio.
Durante el encuentro con las referentes, del que participaron también los abogados de Memoria Activa y del CELS Rodrigo Borda y Paula Litvachky, la titular de la AFI mostró a los familiares de las víctimas imágenes sobre las condiciones en las que encontró el lugar.
En ese sentido, Caamaño explicó el trabajo que se llevó adelante durante una semana por personal de la Agencia, para garantizar no solamente las condiciones de seguridad del material, sino la habitabilidad del lugar para el personal de guardia que custodia el lugar.
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Según les detalló la interventora, los trabajos fueron realizados como prioridad por parte de la Intervención y requirió el trabajo de unas 30 personas, con jornadas laborales extendidas, dada la sensibilidad del lugar.
Desde su declasificación, la UFI AMIA a cargo de Sebastián Basso, Santiago Eyherabide y Roberto Salum logró digitalizar parte de la documentación pero aún queda más de la mitad de la información sin analizar y proteger, por lo que la decisión del Presidente es sacar de la parálisis a este organismo, avanzar con la investigación del atentado y que se termine de estudiar los datos que fueron clasificados.
AG / CP / DS