En 2003, el ex presidente Néstor Kirchner asumió que el atentado contra la Asociación Mutual Argentino Israelita (AMIA) el 18 de julio de 1994 era una “vergüenza nacional”.
En 2005, por medio de un decreto, se comprometió a realizar una serie de reformas que impidan que las irregularidades en el rescate y la investigación se repitan. También asumió la necesidad de una ley de reparación a las víctimas que sufrieron lesiones y los familiares de los fallecidos. Este último compromiso nunca fue cumplido, a pesar de que pasaron tres mandatos presidenciales y una década.
El decreto era parte de la respuesta estatal a la demanda que inició Memoria Activa, con la asistencia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El sistema interamericano prevé soluciones acordadas, para evitar que los casos lleguen a la Corte Interamericana.
A 22 años del atentado, la nueva administración está haciendo efectivo el proceso de reparación que había sido previsto en el decreto de 2005. El 4 de julio pasado, el ministro Germán Garavano firmó la resolución por la cual se estableció el “circuito administrativo interno para tramitar los reclamos resarcitorios a víctimas de la AMIA”.
La medida pone en marcha la Ley 27.139 sobre “beneficio extraordinario” e “indemnización”, que había sido aprobada el año pasado, pero nunca llegó a ser implementada durante la administración del Frente para la Victoria.
La norma prevé indemnización para familiares de fallecidos y heridos graves. En el caso de los familiares, las normas definen que el proceso puede avanzar cuando hay una “declaración de herederos”. Este grupo está comprendido por 39 casos que están en condiciones de avanzar en el proceso. Unos treinta expedientes ya estarían listos para poder iniciar el proceso administrativo que les permitirá cobrar un valor en bonos de dos millones de pesos. Al ser un pago con títulos a futuro, el valor actual es menor.
En tanto, hay 29 casos en los que los familiares no cuentan con declaración de herederos, por lo que en el Ministerio de Justicia se indicó a este medio que aún no puede haber una estimación de cuándo se concretará la indemnización. Para quienes sufrieron lesiones por el ataque terrorista contra la mutual, el proceso requiere una evaluación del Ministerio de Salud y ya se ha girado a dicha cartera 29 expedientes de víctimas no fatales.
Más allá de la puesta en marcha de este sistema, algunos familiares han expresado frustración porque el pago se hará con bonos que tienen una fecha de vencimiento treinta años después del atentado. También ha habido algunos problemas administrativos, pero desde el Ministerio afirman que hay un compromiso de resolver todas las situaciones.
