La denuncia por el origen de los fondos sustraídos a la vicepresidenta Gabriela Michetti fue ampliada hoy por un abogado con nueva documentación, entre ella pagos de salarios de la Fundación SUMA, pese a que no tenía empleados registrados.
La presentación fue hecha por el letrado Leonardo Martínez Herrero, que le entregó al juez federal Ariel Lijo el "informe de transparencia" de SUMA, la fundación presidida por la funcionaria, que indica que en 2014 "se abonaron sueldos por 165 mil pesos pero no tenían ningún empleado registrado conforme surge de la constancia de la AFIP".
El denunciante adjuntó al expediente una investigación periodística, de la que se desprende que la institución "no ha presentado balances en la Inspección General de Justicia, recién se ha inscripto como empleadora ante la AFIP con posterioridad a la denuncia promovida" y que ni Michetti, ni la fundación, pudieron "ser sometidas a controles por parte del Estado", según consignó la agencia DyN.
Esto de debe a que "no han dado cumplimiento a la resolución UIF 30/11", que fija "las medidas y procedimientos que las personas jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan provenir o estar vinculados a la comisión de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo".
El informe consigna, además, la lista de empresas que figuran como aportantes de dinero a SUMA y "las pautas que recibiera la pareja de la vicepresidenta, Juan Martín Tonelli Banfi, por parte del Gobierno de la Ciudad, por dos millones de pesos, pudiendo llegar dicha operatoria a ser la financiación espuria del partido político o al menos del movimiento o interna que encabeza la licenciada Michetti".
