El Senado debatirá este viernes la Ley de Inocencia Fiscal, una de las iniciativas centrales del Gobierno que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. La propuesta forma parte de la estrategia del Poder Ejecutivo para avanzar en la remonetización de la economía y "sacar los dólares del colchón".
El proyecto fiscal introduce cambios en el Régimen Penal Tributario, en la Ley de Procedimientos Fiscales y en el Código Civil y Comercial, además de crear un nuevo régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. Apunta a relajar los controles fiscales y a elevar de manera significativa los montos a partir de los cuales determinadas conductas son consideradas delito.
En paralelo, la ley endurece las multas económicas por incumplimientos y reduce los plazos de prescripción para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pueda reclamar impuestos no declarados.
Durante la sesión extraordinaria, prevista para las 12, el oficialismo también buscará aprobar el Presupuesto 2026 sin modificaciones para evitar que el proyecto vuelva a Diputados.
Inocencia Fiscal: cambios en el Régimen Penal Tributario
Uno de los ejes del proyecto es la modificación de la Ley 24.769 de Régimen Penal Tributario. La iniciativa aumenta de manera drástica los montos mínimos para que una conducta sea considerada delito de evasión. En el caso de la evasión simple, el piso pasa de 1.5 millones de pesos a 100 millones. Para la evasión agravada, el umbral se eleva de 15 millones a 1.000 millones de pesos.
También se incrementan los montos en otras figuras. Por ejemplo, la falsificación de facturas será considerada delito recién a partir de los 100 millones de pesos, cuando hasta ahora el mínimo era de 1.5 millones. En el caso de los agentes de retención de tributos nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el piso para que exista delito pasa de 100 mil a 10 millones de pesos, con un plazo de 30 días para depositar los fondos retenidos.
Además, el proyecto eleva los montos para .sancionar a quienes se adhieran a beneficios fiscales sin cumplir las condiciones exigidas: el mínimo para que esa conducta sea considerada evasión pasa de 2 a 200 millones de pesos.
Efecto liberatorio del pago y extinción del proceso judicial
El artículo 39 del proyecto establece el denominado “efecto liberatorio del pago”. Según el texto, si el contribuyente acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y realiza el pago en término, quedará liberado de acciones penales, excepto en los casos en los que se hayan omitido ingresos.
En la misma línea, se prevé que, aun cuando ya se haya iniciado una acción penal, esta se extinga si el contribuyente cancela en forma total e incondicional las obligaciones evadidas, sus intereses y un adicional equivalente al 50% del monto total. Este beneficio podrá utilizarse una sola vez por contribuyente.
Si la denuncia aún no hubiera sido radicada, la acción penal quedará extinguida en caso de que el contribuyente regularice su situación dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación y también abone un adicional del 50%.
Reducción de los plazos de prescripción
Otro punto relevante del proyecto es la reducción del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias. De aprobarse la ley, ARCA contará con un plazo de tres años, en lugar de los cinco actuales, para exigir el pago de impuestos no declarados, aplicar multas o promover denuncias penales.
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Régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias
La iniciativa crea un nuevo “Régimen Simplificado de Ganancias”, destinado a personas con ingresos anuales inferiores a los 1.000 millones de pesos y con un patrimonio que no supere los 10.000 millones. El régimen elimina la obligación de informar variaciones patrimoniales y consumos personales. ARCA solo tomará en cuenta los ingresos facturados y los gastos deducibles para calcular el Impuesto a las Ganancias.
Una vez que el contribuyente paga el monto determinado, quedará eximido de cualquier otro reclamo vinculado con ese tributo, salvo que se compruebe la omisión de ingresos. En los hechos, el esquema permitiría realizar consumos significativos, como la compra de un auto, sin que se investigue el origen de los fondos utilizados.
Multas más altas por incumplimientos formales
Aunque el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, también actualiza las multas por no presentar declaraciones juradas en tiempo y forma. Actualmente, esas sanciones son de 200 pesos para personas físicas y 400 para sociedades. Con la nueva ley, pasarían a ser de 220 mil y 440 mil pesos, respectivamente. En casos de omisiones graves, las multas podrían alcanzar los 10 millones de pesos.
Menos controles sobre operaciones financieras
Finalmente, el proyecto deroga varios regímenes de información que obligaban a bancos, tarjetas de crédito, inmobiliarias y concesionarias a reportar las operaciones realizadas por sus clientes. También eleva los montos a partir de los cuales las entidades financieras, billeteras virtuales y comercios deben informar movimientos a ARCA.
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