El Gobierno Nacional envió al Congreso el proyecto de "Ley de Principio de Inocencia Fiscal", una iniciativa que transforma radicalmente el régimen penal tributario argentino, modificando la manera en la que el Estado analiza, controla y discute los impuestos con los ciudadanos.
Según el texto oficial, el objetivo central es "blindar" legalmente a quienes utilicen "dólares bajo el colchón" y reducir la cantidad de causas penales por evasión, actualmente castigada con penas de hasta 9 años de prisión. El oficialismo sostiene que el contribuyente debe ser considerado inocente hasta que el fisco demuestre lo contrario.
La incidencia de este proyecto se traduce en reformas concretas que impactan directamente en la Ley Penal Tributaria, el régimen de multas fiscales, los plazos de prescripción de tributos y, particularmente, la simplificación de la liquidación del impuesto a las ganancias para personas humanas.
La propuesta busca incentivar la inyección en el mercado de dinero no declarado al eliminar controles sobre el origen de los fondos utilizados para consumos personales, en lo que el oficialismo presenta como un estímulo a la "libertad económica individual".
Umbral de evasión: de $1,5 millones a $100 millones
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la actualización de los umbrales objetivos que determinan la configuración de delitos tributarios. En efecto, la modificación más sustancial del proyecto consiste en multiplicar por 66 veces el monto mínimo que habilita la persecución penal por evasión simple. Según el texto oficial, el piso para investigar a un contribuyente salta de $1,5 millones a $100 millones. En el caso de la evasión agravada, el umbral trepa de $15 millones a $1.000 millones.
Esta elevación implica que vastos sectores de contribuyentes que actualmente podrían ser denunciados penalmente quedarán fuera del alcance de la justicia tributaria, aun cuando no hayan declarado impuestos sobre operaciones millonarias. Vale la pena añadir que las evasiones por montos menores no dejan de ser infracciones administrativas que ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) puede perseguir y sancionar, requerir a la Justicia medidas de seguridad como embargos e inhibiciones, pero no implican la persecución penal ni la sanción de prisión para el infractor.
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Prescripción exprés: de 5 a 3 años
El proyecto recorta de 5 a 3 años el plazo durante el cual ARCA puede exigir el pago de impuestos adeudados o promover denuncias penales. Esta reducción en los tiempos de prescripción limita significativamente la capacidad del Estado para investigar maniobras de evasión que se descubran con posterioridad al período fiscal correspondiente.
Régimen simplificado de Ganancias
La iniciativa crea también un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias destinado a personas con ingresos inferiores a $1.000 millones anuales y patrimonio menor a $10.000 millones. La característica central de este esquema es que elimina la obligación de informar y justificar el origen de los consumos personales.
En la práctica, esta norma permitiría que un contribuyente con patrimonio declarado de, por ejemplo, $5.000 millones, pueda efectuar compras, viajes o inversiones millonarias sin que ARCA pueda cuestionar si esos gastos corresponden a ingresos debidamente tributados.
Denuncias penales
El proyecto enviado al Congreso dispone que ARCA no podrá presentar denuncias penales si el contribuyente cancela la deuda tributaria antes de que se formule la acusación, o si paga el 100% del monto adeudado más los intereses y un recargo del 50% dentro de los 30 días desde que se inicia la investigación.
En la práctica, esta regla transforma ese pago con recargo en una especie de “pasaporte de impunidad” que bloquea automáticamente el avance penal, aun cuando la evasión haya sido deliberada y sostenida en el tiempo.
Multas formales
Como contrapeso a la despenalización de hecho de la evasión de montos menores, el proyecto propone multiplicar las multas por incumplimientos formales. La sanción por no presentar la Declaración Jurada, que actualmente es de $200, saltaría a $220.000 para personas físicas y a $440.000 para sociedades.
Contexto político y antecedentes
La iniciativa se inscribe en la estrategia del Gobierno de Javier Milei de reducir la presión fiscal efectiva sobre los distintos sectores de la sociedad, tras lo que fue el blanqueo de capitales implementado en 2024, que según datos oficiales permitió regularizar más de USD 20.000 millones en activos no declarados.
Este proyecto "Inocencia Fiscal" profundiza esa línea al garantizar que quienes posean dinero no declarado puedan utilizarlo sin riesgo de investigación, siempre que sus consumos no superen los umbrales establecidos en el régimen simplificado.
El trámite parlamentario de la iniciativa comenzará en las próximas semanas en comisiones de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará consensos con bloques dialoguistas para garantizar su aprobación antes del receso legislativo de verano.
FN / EM
