Esta mañana a las 8.50, en plena feria de invierno y por la "gravedad que develaría la documentación en su poder", el abogado Ricardo Monner Sans amplió su denuncia sobre las supuestas irregularidades en la administración de los fondos del Poder Judicial, según explicó a Perfil.com.
El escrito al que tuvo acceso este portal, detalla las “singulares rarezas” por las que se alquiló el inmueble “antifuncional” de Lavalle 1441/43 destinado a juzgados federales de la seguridad social, para tres juzgados”, por el monto de $10.909.175,28, pese a que la Cámara de Seguridad advirtió que el “edificio contratado bajo el signo de la irregularidad no sirve para juzgados”, según nota del 5 de julio de 2013.
Monner Sans explica que el expediente “no es claro” y que “sin claridad, la firma fiduciaria del fideicomiso “Lavalle 1441”, Alto Grande I S.A ofrece al Poder Judicial mediante nota las oficinas del inmueble por tres años y por la suma de $10.909.175,28. La locación no comprendía la planta Baja donde funciona una sucursal bancaria ni los pisos 3° y 9°, sedes de estudio jurídico y escribanía.
Se firmó un acta de compromiso provisional entre aquella firma y el poder judicial y se le dio intervención de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Consejo, cuyo responsable aconsejó que se contratara en base al artículo 56, inc 3° del decreto-ley 23.354/92, “norma derogada” por la ley 24.156. Advirtió, sin embargo, que el “canon locativo superaba en un 33,97% la tasación oficial” y recordó que estaba prohibido el pago de la comisión inmobiliaria”.
El tema se trató en la Comisión de Administración Financiera de fecha 27 de Junio de 2011, presidida por el actual presidente del Consejo, el camarista federal Alejandro Sánchez Freytes.
Allí, el camarista laboral Mario Fera, actual presidente de la Comisión de Administración Financiera, “fundamentó” las razones de la pertinencia de una contratación directa para alquilar el edificio y pese a las objeciones del abogado Alejandro Fargosi, se contrató por Resolución AG1519/11 que validó apartarse del reglamento de locaciones.
A los ocho meses de alquilado, se habían gastado más de dos millones de pesos en refacciones, aunque sólo sirve para depósito de expedientes como lo advirtió la Cámara de Seguridad Social.
Pese a las “inconsistencias”, Monner Sans explica que en la reunión de la Comisión de Administración Financiera que preside Mario Fera, el 15 de mayo de 2014, se aprobó la inversión y de $6.905.242 para remodelación, gasto defendido por el administrador Germán Krieguer, como también la renovación del contrato de locación.
A la denuncia que formuló el abogado Ricardo Monner ante la Justicia federal por supuestas irregularidades en contrataciones directas, presuntas licitaciones ilegales, convenios millonarios, alquiler de edificios por grandes sumas que se encuentran en desuso o como archivo de expedientes, la tercerización de servicios de limpieza y locaciones “poco claras”, como utilización de “normas derogadas” para tal fin, se le podrían sumar otras tantas en relación a las licitaciones para la adquisición de computadoras y equipos informáticos, contratos con la Universidad Tecnológica Nacional y servicios de limpieza, según revelo Perfil el domingo pasado.
Monner Sans aclaró a este portal que develará nuevas irregularidades en contrataciones, obras y locaciones a lo largo de país, pero no deja de sorprenderse respecto las contrataciones que el poder judicial realiza con el decreto 23.354/56 derogado por la Ley 24.156, de Administración Financiera y Patrimonial del estado.
La causa recayó en el juez federal Daniel Rafecas pero por el artículo 196 bis del Código Penal, y al no tener “autores individualizados”, el fiscal Patricio Evers asumiría la instrucción de la causa.
Rafecas enfrenta más de tres denuncias ante la Magistratura por presunto “mal desempeño de sus funciones”, una de ellas en relación a la instrucción de la causa Ciccone.
Cercanos a la causa, explicaron a Perfil.com que el fiscal podría, recusar al juez por "sospecha de parcialidad”, al estar investigado por el Consejo de la Magistratura, órgano por el que Rafecas debería tomar una decisión tras la investigación fiscal.
(*) Especial para Perfil.com
