Se viene otro desaire judicial para el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Lo firmará en breve un juez que se convirtió en una eterna piedra en el zapato de las administraciones porteñas en los últimos años, desde Aníbal Ibarra hasta Larreta, pasando por Mauricio Macri. Se trata de Andrés Gallardo. El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Capital instará al oficialismo a prestar servicios de Internet y computadoras a los chicos que estudian en villas.
El juez ya se le había ordenado al gobierno de Rodríguez Larreta, en un fallo de hace quince días. Gallardo le dio un plazo de cinco días para cumplirlo. Pero desde ese momento, el oficialismo buscó recusarlo. Después intentó ganar tiempo, al enumerar en un escrito las políticas educativas que había aplicado en tiempos de pandemia. Pero Gallardo no quedó satisfecho. El grupo de ONG que presentó el reclamo y originó la cautelar, tampoco.
EL 9 de junio pasado, Gallardo ordenó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que entregue a todos y todas las estudiantes en condición de vulnerabilidad social un dispositivo que le permitiera continuar con la educación a distancia. Y suspendió los requisitos de la normativa actual del Ministerio de Educación porteño que, según el juez, eran restrictivos para que los alumnos accedieran a la educación en cuarentena.
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El juez ordenó instalar antenas que provean WiFi en todas las villas y asentamientos de la Ciudad. De no poder implementarlo, el Estado debería entregar celulares con datos a los estudiantes de primaria que los necesitaran.
La cautelar dispuesta se dio en el marco de una demanda iniciada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y otras organizaciones.
El Ministerio de Educación porteño sostuvo que lleva entregadas más de 4000 notebooks a préstamo y sobre 681 mil cuadernillos pedagógicos. Para acceder a ese derecho, el gobierno explicó en la causa que dio prioridad aquellas familias con AUH o con beca escolar. El planteo no convenció a Gallardo. "Luego de casi 3 meses de dispuesta la suspensión de clases presenciales, las autoridades locales no han instrumentado medidas concretas y efectivas que aseguren a todas y todos los alumnos y alumnas ese derecho, de poder continuar realizando desde sus hogares las actividades propias del ciclo lectivo que se encuentren cursando", dijo el juez.
El lunes pasado, las ONG denunciantes denunciaron que el gobierno porteño incumplía la cautelar. Tras esa presentación, el larretismo planteó en un escrito que “no existe una pérdida de vínculo o de contacto con los estudiantes, ya que se han implementado medidas conducentes para mantener el servicio educativo y continuar garantizando el aprendizaje de contenidos que serán complementados una vez que se establezca el retorno a las aulas”.
En breve, Gallardo volverá a la carga con otra resolución. Porque el último documento oficial presentado en su juzgado no le resultó convincente. Si bien Gallardo le realiza una suerte de marca personal al gobierno, no es el único juez que le marcó la cancha en los últimos meses. El contexto de la pandemia multiplicó los amparos contra el larretismo: ya fueron concedidos más de 100.
