El Gobierno nacional enfrenta múltiples críticas por su DNU redefine el rol de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y entre otras cuestiones, habilita a los agentes a aprehender personas que estén cometiendo delitos en flagrancia. Así se repitieron este viernes las acusaciones vaticinando una suerte de "policía secreta", con posibles persecuciones a opositores, pero ante ese coro de cuestionamientos, el Gobierno contestó que trabaja en "un protocolo para regular las detenciones" que harán los agentes de inteligencia.
En concreto, el decreto 941 autoriza a los agentes de la SIDE detener personas “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”, con la condición de brindar “aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.
Sin embargo, no hubo precisiones sobre esos "delitos de flagrancia" y entonces, para tratar de acotar las críticas que vinculan el DNU con los intentos del acallar o 'disciplinar' a sectores críticos, desde el Ejecutivo se repitió este viernes que "el protocolo buscará establecer con la mayor precisión posible bajó qué circunstancias puntuales los agentes van a estar habilitados para aprehender personas", además de especificar "qué personal estará afectado a dichas tareas de inteligencia".
El DNU coloca las actividades de la SIDE, cuyo control político en los hechos está en manos del asesor presidencial Santiago Caputo, aunque no figure de manera formal en el organigrama, bajo el control de la nueva Inspectoría General de Inteligencia (IGI), que reemplazará a la División de Asuntos Internos.
El decreto también define la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), que integrará todos los organismos de ifuerzas de seguridad, inteligencia, UIF y Fuerzas Armadas , cuyo trabajo será funcionar como un ámbito de producción y coordinación de inteligencia; y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), que incluirá organismos civiles y ministerios con el fin de sumar información de importancia estratégica, pero sin realizar labores específicas de inteligencia.
El Gobierno además remarcó que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revestirán carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”. El decreto finalmente advierte que está prohibido realizar tareas de espionaje por razones políticas, ideológicas o religiosas; o ejercer presión sobre medios de comunicación, partidos políticos o la opinión pública.
La CGT cuestionó el DNU de la SIDE
Entre los sectores que salieron a criticar la iniciativa libertaria con la SIDE, este viernes se anotó la Confederación General del Trabajo (CGT), publicando un extenso comunicado en su cuenta oficial de X, en el que expresó "absoluta oposición y rechazo” al DNU que modifica la ley de Inteligencia, denunciando que “introduce cambios en la organización y conducción del sistema de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, habilitando por decreto reformas arbitrarias, regresivas y peligrosas que deben necesariamente ser tratadas y legitimadas a través del Congreso de la Nación”.
El organismo remarcó que “esta decisión gubernamental deja a toda la ciudadanía en una situación institucionalmente crítica: la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su opacidad y su poder sin control parlamentario. Todas sus actividades de espionaje pasarán a ser ‘encubiertas’, transformando a los agentes de inteligencia en ‘policía secreta’ o ‘fuerza parapolicial’, y habilitando la detención de personas sin orden judicial”.
La CGT agregó que “a su vez, se autoriza a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad a realizar tareas de inteligencia interior. También faculta la ejecución de tareas ante la ‘fuga de información clasificada’, lo que, en la práctica, representa hostigamiento y censura sobre el ejercicio de un periodismo libre, entre otros graves riesgos. Se configura así una grave amenaza sobre las libertades individuales y los derechos garantizados por la Constitución Argentina”.
El documento cierra expresando: “Estas iniciativas, divorciadas de las genuinas prioridades de nuestro pueblo, surgen como el complemento represivo indispensable de un programa económico y social de ajuste continuo que se está llevando a cabo y que no resultará sustentable en el tiempo, y que, por lo tanto, se aleja cada vez más de un modelo compatible con la vigencia de una democracia plena”.
HM/HB
