Los ex jefes de la AFI quieren ser investigados en Comodoro Py. Tanto Gustavo Arribas como Silvia Majdalani pretenden que la causa por el espionaje ilegal al Instituto Patria se mude a los tribunales de Retiro. La ex número dos de la Agencia Federal de Inteligencia asegura que ya fue sobreseída por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, en un caso calcado al que se tramita en Lomas de Zamora. Y Arribas hizo un planteo para que algún juez de Comodoro Py (el pedido ya fue sorteado y le tocó a María Eugenia Capuchetti) reclame el expediente.
Así, los ex directores de la AFI amarilla irán bajo protesta al juzgado de Lomas. Pero irán. Ambos serán indagados por el juez Juan Pablo Augé. Y según averiguó PERFIL, se defenderán oralmente. Majdalani lo hará el lunes. Y Arribas, el amigo de Mauricio Macri y representante de jugadores de fútbol, el martes. Si bien no coordinaron una estrategia en común, los dos negarán haber avalado tareas de espionaje sobre Cristina Kirchner en 2018. También rechazarán haber cometido un delito encadenado: darle apariencia legal a esas acciones.
Pero más allá de la respuesta a la imputación que pesa sobre sus clientes, los abogados de Arribas y Majdalani insistirán con el argumento de la competencia. Los ex directores de la AFI prefieren que la investigación continúe en Comodoro Py. Especulan con lograr un trato más amistoso en Retiro que el recibido hasta el momento en Lomas.
Cerca de Arribas afirman que los supuestos delitos fueron cometidos en la Capital: tanto el espionaje en el Instituto Patria, como el realizado en el departamento de Recoleta de la actual vicepresidenta, y hasta la presunta “falsedad ideológica” concretada durante la exposición en la bicameral del Congreso.
Si las acusaciones en su contra crecen, el empresario Arribas se aferrará al speech de las patrullas perdidas. Es decir, que no estaba al tanto de presuntos ilícitos desplegados por ovejas descarriadas de la Agencia. Esa defensa supone asumir una responsabilidad: la de permitir o no controlar el cuentapropismo de los espías. Pero las posibles culpas políticas son un problema menor, tanto para Arribas como para su ex vice, en el contexto de avanzada judicial en su contra. Lo urgente es despegarse de las acusaciones penales. El descontrol del espionaje en el ciclo macrista, con fines económicos y políticos, ya es un dato prácticamente innegable.
El abogado de Arribas es un penalista experimentado: Alejandro Pérez Chada. También representa a Mauricio Macri y a otros dirigentes del gobierno anterior, como el procesado Juan José Aranguren. En 2017, Pérez Chada consiguió el sobreseimiento exprés de Arribas, acusado de recibir coimas por parte de la constructora Odebrecht.
Majdalani eligió a Juan Pablo Vigliero y Mariano Meglio, quienes representaron a Sandra Arroyo Salgado en la querella por la muerte de Alberto Nisman. Los defensores de la ex segunda de la AFI fallaron en su primer lance por mudar la causa. Se presentaron ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien ya la había sobreseído en 2018. Le pidieron que reclamara la investigación que ahora está en manos de Augé. Pero Martínez de Giorgi los desairó.
El clima político actual es muy distinto al de agosto de 2018, cuando Cristina Kirchner detectó movimientos sospechosos frente al Instituto Patria. A partir de una denuncia de su ex secretario Oscar Parrilli, Martínez de Giorgi aceptó las explicaciones dadas por Arribas y Majdalani. ¿Cuál fue el relato de los entonces jefes de la ex SIDE? Que los espías en realidad cuidaban a Cristina Kirchner, ante posibles atentados terroristas. Por aquellos días se desarrollaba la Cumbre del G-20 y los Juegos Olímpicos de la Juventud. A su vez plantearon que esas tareas de inteligencia habían sido autorizadas por el juez Federico Villena. Arribas y Majdalani repitieron ese argumento ante la Bicameral de Inteligencia, en paralelo a su testimonio judicial.
Casi dos años después, Augé cuestionó veladamente el desempeño del juez de Comodoro Py. Lo hizo en base a la imputación de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide contra Arribas y Majdalani. “Fue el comienzo de una serie de falsedades”, afirmó Augé en la citación.
Para el juez de Lomas, Arribas y Majdalani afirmaron “falsamente que no se habían producido seguimientos a Cristina Fernández y que el personal descubierto en el lugar estaba realizando tareas investigativas en cumplimiento de una orden judicial”. Para Augé, “el accionar desplegado por la AFI demuestra falta de profesionalidad y apego a las normas legales, ya que el mismo no solo atentó contra la seguridad de la ex presidenta, sino contra los mismos agentes que la custodiaban, ya que ese conocimiento es vital para el accionar de ellos”.
El juez llegó a esa conclusión a partir de unos testigos de identidad reservada. En concreto, ex agentes que contradijeron la versión de Arribas y Majdalani. Según declararon, su mandato era controlar si al Instituto Patria llevaban “bolsos, mochilas, documentación y/o dinero, o si recibían objetos o se desarrollaban actividades.
