El Gobierno nacional hizo trascender lo que podría ser la versión final de la llamada ley ómnibus que, tras los anuncios del viernes del ministro de Economía, Luis Caputo, sufrió la eliminación de 280 artículos, mayoritariamente vinculados a cuestiones fiscales. Los cambios en la iniciativa impulsados desde el Ejecutivo habrían llegado a discutirse incluso hasta la noche del domingo.
Cuando fue presentada hace un mes, la "Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos" tenía 664 artículos. Pero así como estaba, el proyecto solo tenía un apoyo pleno de los legisladores de La Libertad Avanza: menos de 40 votos con los que se iba a caer en saco roto. Ante eso, comenzaron las discusiones en las comisiones y el Gobierno empezó a tender puentes con un sector de la oposición tildado de "dialoguista".
Ahí se encontró con dos frentes de resistencia: el del PRO, referido más que nada al capítulo de suba de retenciones; y el de Hacemos Coalición Federal, que tenía más críticas de carácter fiscal como la oposición a la eliminación de la fórmula jubilatoria y al paquete de privatizaciones.
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Los reclamos fueron duros y motivaron incluso la intervención de los gobernadores opositores, varios de los cuales salieron a criticar con dureza la iniciativa luego de amenazas del presidente y del ministro de Economía de cortarle los fondos a los distritos si no apoyaban la ley.
Las principales modificaciones
Así y todo, el Gobierno se chocó de frente un muro de resistencia que lo obligó a ceder en la materia fiscal, lo que motivó el anuncio de Caputo. Pero las negociaciones se extendieron más allá de ese día y habrían llegado incluso hasta la noche del domingo, según dejaron trascender emisarios libertarios.
En el nuevo proyecto, que todavía no fue validado formalmente por el Ejecutivo, no aparece la suspensión de la fórmula vigente ni el blanqueo de capitales que iba a ser gratuito para quienes declararan menos de 100 mil dólares. También se decidió retirar a YPF de la lista de empresas a privatizar y establecer que Nucleoeléctrica Argentina, Banco Nación y Arsat pueden ser empresas estatales con participación privada, mientras que INTA y Conicet fueron excluidas de las facultades de disolución.
La nueva iniciativa también eliminó la emergencia previsional y la de salud, mientras que se estableció en un año el plazo de la delegación legislativa, con posibilidad de que el Congreso pueda extenderlo otro más. Y se modificó el polémico artículo que decía que reuniones de más de tres personas podían ser consideradas manifestación: se amplió a 30 personas.
"Hay disenso en el capítulo económico, los hemos escuchado a todos y compartimos muchos de esos reclamos. Hemos tenido que tomar decisiones incómodas para llegar a déficit cero, pero de ninguna manera queremos que por este capítulo fiscal se demore lo que creemos necesario y urgente", dijo Caputo el viernes en conferencia de prensa.
Ley ómnibus: la nueva versión completa
Según trascendió, esa versión fue enviada a última hora del domingo por parte de referentes oficialistas a integrantes de bloques opositores dialoguistas, publicó Página/12. "El Poder Ejecutivo Nacional deberá informar mensualmente en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación sobre la aplicación de las facultades delegadas por la presente ley, sus fundamentos y resultados obtenidos", dice la nueva versión del proyecto.
Respecto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en el borrador no está más el artículo que habilitaba su transferencia al Tesoro y sólo se permitiría la consolidación de deuda.
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"Evaluaremos nuevas medidas y trataremos de consensuarlas con los gobernados y legisladores en el futuro. Este es un gobierno que escucha, es lo que debemos hacer. A pesar de los gritos en el Congreso los escuchamos. Nosotros coincidimos con esos reclamos. Algunos lo interpretaron como una pelea con gobernadores, no es así. ¿Cómo no voy a entender a un gobernador que quiere defender los intereses de su provincia?", expresó Caputo el viernes.
Ahora, la mira está puesta en lo que la última versión de la iniciativa plantea en torno a las facultades delegadas.
"Retiran la parte fiscal porque no querían negociar con sus aliados un proyecto de equilibrio. Está claro que ahora van por tres cosas. 1) Facultades delegadas. 2) Flexibilidad para tomar deuda. 3) Privatizaciones (FGS). Acá hay que poner el ojo. Especialmente en el punto uno", planteó en X (ex Twitter) el diputado nacional Leandro Santoro (Unión por la Patria).
Hay un sector de Hacemos Coalición Federal que aparece más cerca de la postura dura que plantea Santoro, inclinada hacia la limitación restrictiva de la delegación de facultades. El temor es que el Gobierno imponga las medidas fiscales retiradas del proyecto por mera decisión ejecutiva en el marco de la delegación, aunque hay quienes señalan que hay materias en las que no podría hacerlo.
La discusión seguirá en el recinto.
ASV/fl
