La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó a la Quinta Presidencial de Olivos en rechazo al programa de retiros voluntarios impulsado por el Gobierno de Javier Milei y al financiamiento de US$300 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a cubrir parte de los costos del plan. La protesta también incluyó reclamos por la pérdida del poder adquisitivo, los despidos y el deterioro de las condiciones laborales en la Administración Pública Nacional.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó la iniciativa oficial y pidió a los trabajadores estatales que no adhieran al programa. “No puede haber un solo estatal que se adhiera a este nefasto programa de retiros voluntarios”, sostuvo. Además, afirmó que el decreto representa un “negociado multimillonario” y advirtió sobre la pérdida de derechos laborales.
Aguiar también apuntó contra el presidente Javier Milei por su viaje a España y cuestionó la ausencia del mandatario en la Casa Rosada y en la residencia de Olivos. “Nunca van a la Casa Rosada y tampoco lo encontramos en Olivos. Milei se fue de nuevo a España sin una agenda oficial. Con la nuestra le estamos financiando a todo el Poder Ejecutivo el turismo internacional”, expresó el dirigente sindical.
En la misma línea, el titular de ATE sostuvo que el programa busca reducir la estructura estatal y avanzar hacia la tercerización de funciones. “Nos quieren correr del Estado por migajas y tercerizar nuestras funciones. Este régimen es el inicio de un proceso de privatización de más del 90% de la Administración Pública”, aseguró.
Otro de los ejes del reclamo fue el crédito del BID destinado a financiar las desvinculaciones. Aguiar cuestionó que el Estado recurra al endeudamiento externo para cubrir esos gastos y sostuvo que la operación constituye un delito. “Está prohibido tomar deuda en moneda extranjera para financiar gasto corriente como piensan hacerlo”, afirmó.
Cómo funciona el programa de retiros voluntarios
El programa fue oficializado mediante el decreto 1203/26 y alcanza a alrededor de 21.187 trabajadores estatales. Entre sus principales condiciones, establece que quienes se adhieran no podrán volver a ingresar a la Administración Pública Nacional durante un período de ocho años.
Además, el Gobierno determinó que los cargos que queden vacantes no serán reemplazados. La normativa también establece restricciones para quienes tengan un cargo sindical vigente o sean candidatos a elecciones: deberán renunciar a esas funciones para poder incorporarse al régimen.
En paralelo, a través del decreto 1177/26, el Ejecutivo reglamentó una línea de crédito con el BID por más de US$800 millones, destinada a distintos objetivos. De ese monto, US$300 millones se utilizarían para solventar los costos asociados a los retiros voluntarios.
El préstamo contempla desembolsos durante cuatro años y un plazo de devolución de 25 años. También establece un período de gracia de cinco años y medio para el pago del capital. La tasa de interés está vinculada a la referencia SOFR, utilizada en el mercado financiero en dólares, más un margen del BID, por lo que el costo final del financiamiento dependerá de su evolución.
Los reclamos de ATE contra el Gobierno
La movilización a Olivos se enmarcó en una serie de reclamos sindicales por la situación de los trabajadores estatales. Entre los principales puntos, ATE denunció la pérdida del poder adquisitivo, la caída del salario real, las paritarias por debajo de la inflación y el deterioro de los ingresos.
El gremio también advirtió sobre el avance del pluriempleo y el endeudamiento de los trabajadores, la desvalorización de la carrera administrativa y la incertidumbre laboral derivada de los despidos y la no renovación de contratos.
Por último, la organización sindical incluyó entre sus cuestionamientos la reducción de los puestos de planta permanente y el cierre o vaciamiento de organismos públicos. La protesta tuvo como eje el rechazo al programa de retiros voluntarios y a la política de reducción de personal impulsada por el Gobierno nacional.
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