Atentado a CFK: incertidumbre en la Justicia por el teléfono de Gerardo Milman

La reactivación de llamada “pista Casablanca”, una de las líneas de investigación en la causa por el atentado a Cristina Kirchner que apunta a Gerardo Milman, suma por igual expectativas e interrogantes en torno a qué es lo que se podría encontrar en el celular del diputado del PRO, luego de que la Cámara Federal Porteña esta semana revocó la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti y dispuso el análisis del dispositivo tal y como lo pidieron el fiscal Carlos Rívolo y la querella.

Una de las dudas es la de cómo se puede concretar el procedimiento de acuerdo con la figura que representa Milman en el marco de la causa. El legislador formalmente no está acusado de delito alguno en el expediente y hasta ahora solo hizo una sola presentación que data de hace varios meses y fue cuando designó a Manuel Barros como su abogado “frente a las acusaciones disparatadas, pero acusaciones al fin, que la querella viene formulando en este expediente (y también en forma pública)”, cosa que según varias fuentes judiciales podría entenderse como una “autoimputación”.

Sin embargo, y por estas horas, la defensa del diputado analiza los pasos a seguir ante la decisión por mayoría de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi quienes además de ordenar extraer la información del teléfono determinaron que el análisis “deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal –abarcado desde el 1° de julio de 2022 hasta el 10 de mayo de 2023–”, y advirtieron la gravedad institucional del caso y la necesidad “de investigar a fondo todas las aristas para eliminar cualquier duda al respecto”.

Que Milman no esté formalmente imputado en el expediente puede ser tomado como un punto a su favor, con lo que podría objetar la decisión de la Cámara Federal Porteña; no obstante, y de considerarse agraviado, podría incluso llegar a la Cámara Federal de Casación.

Sin embargo, el diputado puede encontrarse con un obstáculo puesto a que las medidas de prueba como lo es el estudio tanto del dispositivo como de las comunicaciones contenidas no pueden recurrirse ante el máximo tribunal penal del país, salvo que se consideren arbitrarias. De no prosperar por esta vía, aún puede ir en queja, con lo cual la sala sorteada tendrá la potestad de abrir o no el recurso.

Con los autores materiales del atentado a Cristina Kirchner, prestos para el juicio oral, solo se espera develar quiénes fueron los ideólogos del intento de homicidio. En la también conocida como “pista Milman” ya se avanzó con diversas medidas de prueba, como lo fue el estudio de los teléfonos celulares de las asesoras del legislador del PRO, Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco.

La línea de investigación se erige en los dichos de Jorge Abello, exasesor del diputado Marcos Cleri, quien supuestamente escuchó a Milman decirle a Bohdziewicz y a Gómez Mónaco el 30 de agosto en el bar Casablanca, próximo al anexo de Diputados: “Cuando la maten yo voy a estar en la costa”, haciendo referencia a la vicepresidenta.Cabe destacar que Abello fue citado a declarar como testigo en la causa, y su presentación para brindar testimonio sigue siendo un enigma, puesto que desde hace varios meses se encuentra de reposo tras haber sufrido un leve accidente cerebrovascular del cual si bien no tuvo secuelas que revistan gravedad, le demandó varios días para su recuperación.

Pese al “limbo judicial” que por estas horas atraviesa Milman, también surge otra cuestión y que tiene que ver con su labor como miembro del Poder Legislativo. Para el análisis de su teléfono celular, la Cámara de Diputados tiene que autorizar su desafuero precisamente por estar amparado en la ley de fueros. Para que esto suceda, tiene que pasar por dos instancias: la Comisión de Asuntos Constitucionales y, de avanzar, posteriormente ser debatido en recinto con la aprobación de dos tercios de la Cámara baja.