El Gobierno dispuso anoche un aumento en las tarifas del gas y de luz desde el 1° de junio, que no contemplará la segmentación de subsidios en la que aún se trabaja.
La secretaría de Energía, que conduce el neuquino Darío Martínez, emitió una resolución ayer viernes para que el Enargas y el ENRE dispongan los aumentos, que serán entre el 18,5% y el 25% para el gas, de acuerdo a la región del país, y un 16% para la electricidad.
En el caso del gas, quedarán exceptuados de las subas quienes abonan la tarifa social. En tanto, para la electricidad, los usuarios con tarifa social en el Gran Buenos Aires sufrirán un aumento del 7,7 por ciento.
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El objetivo del Gobierno es que las correcciones tarifarias sean inferiores a la variación de los ingresos de la población.
En este sentido, quienes tengan tarifa social tendrán en sus facturas incrementos totales anuales inferiores al 21.6%, equivalente al 40% de la variación del Coeficiente de Variación Salarial de 2021.
En tanto, el resto de los usuarios residenciales tendrán en promedio aumentos en sus facturas totales anuales inferiores al 42.7% (80% de la variación del Coeficiente de Variación Salarial de 2021).
El tema de los incrementos tarifarios viene sumando cortocircuitos entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el kirchnerismo abroquelado en el área energética. Para el Palacio de Hacienda, se hacía imprescindible reducir los multimillonarios subsidios al consumo, con el propósito de reducir el déficit fiscal del Estado, a tono con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional.
Para los funcionarios cristinistas, empezando por el subsecretario Federico Basualdo, las alzas impulsadas por Guzmán serán mayores que las previstas e impactarán con fuerza en domicilios e industrias.
De hecho, en el anuncio formal de ayer respecto a los aumentos en la electricidad se deja pendiente la promocionada cuestión de la segmentación tarifaria. Esa bandera, que busca que paguen más tarifa quienes tengan mayor poder adquisitivo fue flameada por el kirchnerismo por su progresividad. Pero la realidad es que desde Economía hasta las propias empresas distribuidoras ven inviable ese procedimiento desde el punto de vista práctico.
Nadie aún lo asume en público, pero la segmentación tarifaria no llegaría al menos en esta administración.
