Dos altos ex funcionarios de la Cancillería, junto a tres empleados y un gestor,
enfrentarán a partir de hoy al juez federal Norberto Oyarbide, quien los investiga como
miembros de una presunta asociación ilícita que se habría aprovechado de sus beneficios
diplomáticos para negociar con autos importados que gozaban de franquicias impositivas.
En los tribunales de Comodoro Py 2002, el juez Oyarbide comenzará a cumplir con el cronograma
de citaciones que estableció e irá interrogando a los sospechosos que tenían menor jerarquía hasta
llegar a los más comprometidos en la maniobra.
La lista
culminará el 1 de abril con el interrogatorio de
Jorge Matas, jefe del área Franquicias de Cancillería hasta que en enero pasado
una auditoría interna ordenada por el titular de la cartera, Jorge Taiana, demostró que había
irregularidades en la mayoría de los permisos dados por esa oficina entre 2004 y 2007.
El escándalo -que salpicó a una quincena de diplomáticos, siete de los cuales se encontraban
en actividad en ese momento- reveló que la autorización para agregados extranjeros que les permitía
importar autos sin pagar impuestos fue usada por algunos para crear un
"negocio de compra y venta de autos, de manera ilícita y abusiva", según denunció
la Oficina Anticorrupción.
Aún no está claro si los representantes extranjeros fueron partícipes del negocio. Según la
hipótesis de la investigación, Matas -como jefe del área- habría estado al frente de la maniobra
porque adjudicaba el trámite con su firma, pero los papeles eran llevados sólo por un grupo de
empleados de su confianza.
Por eso, hoy el juez interrogará al empleado de la mesa de entradas de Franquicias
Roberto Zárate Barrios y a
Marisol Santander Rodríguez, empleada del área e hija de
María Cristina Santander, quien era la secretaria privada de Matas y trabajaba
desde hacía 30 años en la Cancillería.
Para el juez Oyarbide, el jefe directo de Matas no podría desconocer las operaciones de su
subordinado y por ello citó a indagatoria a
Marcelo Pujó, quien fue director de Ceremonial del Ministerio de Relaciones
Exteriores incluso hasta principios de marzo y renunció tras su convocatoria judicial.
El lunes 31 será el turno del gestor
Pablo Rodríguez, quien apareció como intermediario de las embajadas de Cuba y
Rusia y está sospechado de conseguir siete de los vehículos bajo análisis.
De hecho Rodríguez -a quien se señala como habitué de la oficina de Matas- le habría comprado
a un empleado administrativo de la embajada rusa llamado Mikhail Moskin el auto Audi A4 que terminó
en manos de la esposa del propio Matas.
Al día siguiente,
el 1 de abril, la ronda culminará con Matas, quien ya había logrado la suspensión
de una indagatoria fijada para el 10 de marzo pasado por un problema de salud.
En ese entonces Oyarbide todavía no había considerado la causa como una asociación ilícita ni
había ordenado análisis patrimoniales de los involucrados entre el período 2004-2007 ni los
controles sobre las firmas de los funcionarios extranjeros para ampliar la investigación.
Fuente: DYN