El Ejecutivo tiene listo el borrador de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para traspasarle la Inspección General de Justicia (IGJ) a la Ciudad de Buenos Aires. Así consta en un expediente de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que analizó el caso. En el Gobierno, sin embargo, sostuvieron ante la consulta de PERFIL que, si bien el proyecto existe, se decidió que no será firmado por el presidente Mauricio Macri y que el jefe de Gobierno porteño deberá seguir negociando con el próximo presidente.
¿Por qué es importante la IGJ? Se trata del organismo que concentra la inscripción de sociedades anónimas con domicilio en Capital Federal. Está destinado a controlarlas y tiene acceso a balances comerciales, actas de directorio, beneficiarios finales (verdaderos dueños de las compañías), accionistas y actas de asambleas en las que se toman las decisiones de los destinos de las empresas. Controla la documentación de empresas desde Correo Argentino SA hasta Hotesur SA; desde pequeñas sociedades hasta grandes compañías.
En juego también está el control sobre las sociedades extranjeras que se inscriben para adquirir bienes o acciones en el país o controlar otras compañías. Los detractores las denominan las “offshore” de Buenos Aires, cuyos verdaderos dueños estarían lejos de ser controlados.
La IGJ depende actualmente del Ministerio de Justicia de la Nación. El viernes, la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, recibió un informe de la PIA que confirmó la existencia del DNU.
Existen dos expedientes en el Ejecutivo sobre esta iniciativa, que además incluye el traspaso del Registro de la Propiedad Inmueble. El proyecto está listo para la firma del ministro de Justicia, Germán Garavano, y del Presidente, confirmó la PIA.
PERFIL se comunicó con el Ministerio de Justicia. Respondieron: “No hay voluntad política para avanzar con eso. El ministro no firmará el DNU. Es una cuestión que la Ciudad deberá tratar con el próximo gobierno”, agregaron en la cartera de Garavano.
Todas las provincias tienen control sobre este tipo de organismo. Pero ante la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ejecutivo Nacional se quedó con la competencia de la IGJ capitalina por entender que se trata de una cuestión federal.
Por eso, Boquin considera que el DNU buscaría “formalizar” una “situación sumamente anómala, inconstitucional y contraria a las bases de nuestro sistema federal”, que fue frenada en el Congreso durante el gobierno de Macri.
