El gobierno de Javier Milei presentó nuevamente el proyecto de Ley Penal Juvenil, más conocido como la iniciativa para establecer la baja de la edad de imputabilidad, y volvió a fijar en 13 años la edad a partir de la cual un menor puede ser penalmente punible en la Argentina.
La decisión se tomó luego de que circulara que el propio Gobierno nacional estaba dispuesto a ceder ante el reclamo de los aliados y establecer en 14 años la edad mínima de imputabilidad. Sin embargo, el oficialismo ratificó su postura original y volvió a impulsar los 13 años como umbral para la aplicación de penas judiciales a menores.
Sobra la nueva propuesta de bajar la edad de imputabilidad en la niñez
El proyecto deberá ser tratado en trámite exprés en la Cámara de Diputados, a la espera de la conformación de las comisiones que aún están pendientes: Justicia y Familia, Juventudes y Niñez. En tanto, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal ya están integradas y son presididas por diputados de La Libertad Avanza (LLA), lo que fortalece la estrategia parlamentaria del oficialismo libertario.
El Gobierno de Milei pretende que este martes se conformen las comisiones faltantes, que el miércoles se obtenga dictamen y que el jueves el proyecto llegue al recinto para su votación, en lo que se anticipa como un debate político y social de alta intensidad.
Desde La Libertad Avanza rechazaron que la edad establecida en el proyecto haya sido pensada como una herramienta de negociación política. Por el contrario, sostienen que los 13 años es una edad “razonable” y que existen estadísticas delictivas que respaldan esa definición. Cabe recordar que el texto original tratado el año pasado también fijaba ese límite, aunque el dictamen que finalmente cayó había elevado la edad a 14 años. Ahora, el oficialismo busca reinstalar su propuesta original en el nuevo Régimen Penal Juvenil.
Qué dice el proyecto de Ley Penal Juvenil del Gobierno y a qué edad buscan bajar la imputabilidad
Un punto clave que fue subsanado respecto del debate anterior es el financiamiento. El nuevo texto establece que se requerirán $23.739 millones para implementar el sistema, un dato central para sostener la viabilidad del proyecto que el Gobierno espera convertir en ley con media sanción este jueves.
La encargada de conducir el debate en comisión será la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, una de las dirigentes más cercanas a Patricia Bullrich y figura clave del bloque oficialista en los temas de seguridad y justicia penal.
La premura del Ejecutivo se explica también por el contexto político y comunicacional. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, viene elevando su perfil público. Este lunes brindó una conferencia de prensa junto al ministro coordinador Manuel Adorni para anunciar el desbaratamiento de una banda criminal denominada “Pyme del Delito”.
No fue la primera aparición conjunta: días atrás ambos funcionarios habían informado sobre la baja en los índices de homicidios en Argentina, uno de los ejes centrales del discurso de seguridad del Gobierno de Milei. “Los ministros, en la medida en que se asientan, van ganando visibilidad”, explicó una fuente oficial.
Tanto Monteoliva como Bullrich se consolidaron como las principales voceras del proyecto de baja de imputabilidad, un tema que domina la agenda de la Cámara de Diputados, sobre todo porque, según el reglamento parlamentario, después de esta semana ya no habrá margen para emitir nuevos dictámenes, lo que vuelve esta votación decisiva para el oficialismo.
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