“No estoy hablando para este gobierno sino para el próximo; estamos tratando de reunir toda la información posible sobre los desaparecidos para allanar el camino del próximo gobierno”, afirmó el ex mayor Ernesto Barreiro durante una entrevista por teléfono con Perfil.com desde su prisión en Córdoba.
Barreiro señaló que tanto el gobierno como la fiscalía y los abogados querellantes del juicio que se le sigue por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura “están enardecidos en mi contra; ellos no quieren que se sepa nada sobre cómo fueron las cosas porque se les arruina el negocio de los derechos humanos”.
“En lugar —agregó— de tratar que mis compañeros y yo sigamos dando información, nos atacan como pueden. Están muy desconcertados. Por ejemplo, dicen que lo hice para beneficiarme, pero la verdad es que no estoy buscando ningún acortamiento de penas. Lo que dije no me beneficia para nada”.
Barreiro dijo que, junto otros militares presos en Córdoba, están reuniendo información sobre el resto de los detenidos y secuestrados en Córdoba, que permanecen desaparecidos.
“Vamos a seguir dando información. La intención es, entre otras cosas, acercarnos lo máximo posible a la verdad en el marco de lo que pensamos nosotros: que hubo una guerra revolucionaria, como quedó determinado en el juicio a los miembros de las juntas militares, en 1985”, sostuvo.
Barreiro reveló la semana pasada los lugares donde estarían enterrados los restos de 25 personas que fueron detenidas, asesinadas y desaparecidas (sus cuerpos fueron quemados, arrojados a ríos o arroyos, o enterrados en lugares secretos) antes del golpe del 24 de marzo de 1976.
Todas esas personas fueron desaparecidas por el Comando Libertadores de América, un grupo paramilitar que —según las fuentes consultadas para mi libro ¡Viva la sangre!— dependía del jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, el general Luciano Benjamín Menéndez.
“Enpezamos por esos 25 desaparecidos por un orden cronológico u operativo. La verdad es que el Ejército entró en operaciones contra los grupos subversivos en octubre de 1975, seis meses antes del golpe. Si estuvo bien o mal, es otra cosa; es un hecho histórico, ocurrió así”, sostuvo Barreiro.
“Pero —agregó— los que estamos siendo juzgados ahora no tenemos nada que ver con ese período; no pertenecimos al Comando Libertadores de América o a la Triple A. Yo ni siquiera estaba destinado en Córdoba”.
Barreiro está siendo juzgado con otros militares, como Menéndez, quien —afirmó el ex mayor— “está totalmente en contra de dar más información sobre las personas desaparecidas”.
En octubre de 1975 gobernaba la presidenta Isabel Perón y el peronismo aprobó tres decretos que delegaban en las Fuerzas Armadas la lucha para “aniquilar el accionar subversivo”.
La represión ilegal durante el último tramo del gobierno de la viuda de Perón es un tema que molesta al peronismo.
Barreiro, que se reivindica como peronista, llegó a Córdoba a principios de 1976 como teniente primero y recién egresado de la Escuela de Inteligencia. Se lo acusa de haber sido el jefe de La Perla, un campo del Ejército que funcionaba como prisión de supuestos guerrilleros.
Para los fiscales y la querella, La Perla era “un campo clandestino de concentración”, donde Barreiro era “el jefe de los torturadores”. Barreiro niega ese rol y afirma que era “un centro de reunión de detenidos; su dirección era reservada, pero no era clandestino”.
*Editor ejecutivo de la revista Fortuna y autor de ¡Viva la sangre!