Califican los delitos del ERP como "de lesa humanidad"

El fiscal general de Rosario, Claudio Palacín, dijo que el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) cometió en los '70 " delitos de lesa humanidad" y promovió acción penal por el asesinato del coronel Argentino del Valle Larrabure, presuntamente ahorcado por ese grupo guerrillero, en lo que constituye el primer caso de una organización ajena al Estado tipificado de esa manera y por tanto imprescriptible.

Tras "analizar lo que fue el ERP y los hechos criminales que sufrió el coronel Del Valle Larrabure, concluí que se trata de delitos de lesa humanidad", dijo a la agencia DyN el fiscal Palacín, y agregó que "el derecho internacional protege a todas las personas, sin distinción de la profesión que tenga, tanto en tiempo de conflicto armado como en tiempo de paz".

Palacín firmó el primer dictamen que tipifica como crímenes de lesa humanidad los delitos cometidos por organizaciones ajenas al Estado y, consecuentemente, motorizó la investigación contra el ERP por entender que el paso del tiempo no obstruye la posibilidad de atribuir responsabilidades penales por hechos ocurridos hace más de tres décadas.

La medida de Palacín seguramente será motivo de polémica, ya que la Corte Suprema de Justicia declaró imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, aunque restringió esa categoría a los secuestros, tormentos y asesinatos perpetrados por el propio aparato del Estado.

Palacín, fiscal general con competencia en todo el territorio santafesino y el norte de la provincia de Buenos Aires, explicó que realizó un "exhaustivo estudio del expediente" por la muerte de Del Valle Larrabure, presuntamente secuestrado por el ERP en 1974.

El juez federal de Rosario, Germán Sutter Schneider, dio intervención al fiscal tras recibir una denuncia de Arturo Larrabure, hijo del coronel asesinado, quien a través del abogado Javier Vigo Leguizamón responsabilizó al Estado argentino por el crimen de su padre.

El " modo aberrante de comisión utilizado en el crimen, en el marco histórico del accionar de bandas terroristas" constituye, para el juez, una "razón suficiente para reconocerle a Larrabure una instancia judicial en la que pueda averiguar la verdad de lo acontecido en el crimen de su padre", escribió el magistrado en una resolución firmada el 24 de octubre último.

"Como fruto de un estudio profundo de las actuaciones, emití un dictamen de 130 páginas donde se analiza el Derecho Internacional, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales incorporados a nuestra Carta Magna", indicó Palacín para explicar en qué fuentes jurídicas sustentó su pronunciamiento.

Según el fiscal santafesino, los "crímenes contra la humanidad quedaron totalmente plasmados en el derecho internacional hace más de medio siglo, por lo que la categoría jurídica se encontraba plenamente vigente" cuando Larrabure fue asesinado.

Para Palacín, el ERP instrumentó un plan sistemático que incluyó la violación de "los más esenciales derechos humanos", por lo que "no estamos ante delitos comunes sino ante crímenes de lesa humanidad". "Argentino del Valle Larrabure estaba protegido por su sola condición de persona, independientemente de su profesión, por el Derecho Penal Internacional y el Derecho Humanitario aplicables tanto a épocas de conflicto armado como de paz", abundó el fiscal.

Según Arturo Larrabure, su padre fue asesinado por el ERP el 19 de agosto de 1975, tras haber permanecido secuestrado por 372 días.

Capturado en la Fábrica Militar de Villa María, a la que había concurrido para compartir una cena con su esposa y personal de la planta de pólvora, Larrabure habría sido ahorcado tras su prolongado cautiverio.

Fuente: DyN