Por efecto de hechos judiciales y de resultados electorales, en las próximas horas se esperan cambios gravitantes en el sector educativo, en la Ciudad y en el Congreso de la Nación. Uno de ellos, la anticipada salida del ministro de Educación de la Ciudad, Mariano Narodowski, salpicado por la causa de espionaje, por contar en su cartera como contratado a un ex policía federal, sospechado de las escuchas que hoy investiga la Justicia.
El otro viraje que se puede anticipar, afectará la actual conformación y presidencia de las comisiones educativas en el Congreso, cuestión que puede llegar a dejar "stand by" a algunos proyectos del Gobierno, entre ellos la demorada ley de Educación Superior, que apunta a reemplazar a la aprobada en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem.
"Es seguro que se va", aseguraron por estas horas a DyN allegados a Narodowski, quien postergó hasta el miércoles 9 su declaración en los Tribunales Federales de Comodoro Py, respecto a la causa por las escuchas, y se apuesta a que concurrirá ya en condición de "ex ministro".
Para estas fuentes, el doctor en Educación, quien condujo la carrera en la Universidad Torcuato Di Tella y comenzó sus primeros pasos en la pedagogía -vaya paradoja- en la ceterista Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), sería "un fusible" dentro del escandaloso hecho.
También algunas fuentes sindicales destacaron que Narodowski tuvo "buen diálogo" con los gremios docentes porteños, que "hubo acuerdo salarial en paritarias" y en lo laboral "no tocó el Estatuto Docente" y "avanzó en cambios en la cuestionada dirección de Reconocimientos Médicos" para el control del ausentismo de los educadores, y que funciona en el Hospital Rawson.
En la danza de nombres que circularon por estos días, dentro de la seriedad y fuera de algunas "autopostulaciones", continúan sonando con fuerza dos: Luis Liberman, ex viceministro de Educación del último tramo de la gestión de Jorge Telerman, antropólogo, periodista y docente de la UBA y la Universidad de Lomas de Zamora, y Andrés Ibarra, ex empleado del Correo Argentino y ex gerente de Boca Juniors, durante la gestión de Macri.
Allegados a Liberman aseguraron que hasta el momento "no hubo ofrecimiento formal" para el Ministerio, mientras en círculos académicos se puso en discusión "la falta de formación pedagógica de Ibarra", para conducir esa cartera. Atrás parece, quedaron por voluntad propia, Andrés Delich, último ministro de Educación nacional durante el gobierno de Alianza, antes de que cayera la presidencia de Fernando de la Rúa, y Mario Giannoni, entonces ministro de Educación de Río Negro y ex secretario del mismo área de la Ciudad, en 1997, durante la administración de De la Rúa.
Los vientos de cambios podrán soplar también en los próximos días en el nuevo Congreso de la Nación, ya que se dudaba por estas horas por la continuidad de la presidenta de la comisión de Educación en Diputados, Adriana Puiggrós, ex funcionaria de la Alianza y del gobierno de Felipe Solá.
La diputada Puiggrós, hoy del Frente para la Victoria, es una de las que más "fogoneó" el debate para el reemplazo de la ley de Educación Superior y también el ex diputado y ex rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto Alberto Cantero. La actual ley de Educación Superior fue impulsada a mediados de los '90 por el ex secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación Juan Carlos Del Bello, casualmente hoy designado rector organizador de la Universidad Nacional de Río Negro, que depende de Ejecutivo de la Nación.
Hasta el momento, ni el ministro de Educación Alberto Sileoni y su secretario de Políticas Universitarias, Alberto Dibbern, por el gobierno, ni la oposición, ni sindicatos docentes de las universidades pidieron el tratamiento de algún proyecto de ley, por lo que no existen despachos de comisión en ese sentido.
Sileoni en cuanto pudo, dejó en claro su deseo de que "una nueva Ley se cree con un amplio debate y el mayor de los consensos de todos los sectores de la enseñanza", es decir con menos apuro que Puiggrós. Lo cierto, es que el galardón que se llevó el gobierno con la sanción y reglamentación de la ley de Jubilación de los docentes universitarios con el 82 por ciento móvil, para todas las categorías, no corra la misma suerte con la norma para las universidades públicas.
Sin embargo, muchos rectores aseguraron por lo bajo, que la nueva norma sería más declarativa que prescriptiva, y que originaría posibles vacíos legales, si se suprimen actuales artículos. Por lo pronto habrá que aguardar los alineamientos en las comisiones de Educación y de Ciencia y Tecnología del Congreso para comprender algunos cambios y la suerte que podrán correr ciertas iniciativas.
(*) Agencia DYN
