El Gobierno de Mauricio Macri ya está diagramando una reforma a la ley de financiamiento partidario, con un dato que se destaca sobre el resto: busca que las empresas puedan volver a figurar aportando fondos para las campañas electorales.
Ese, y otros puntos, serán parte del debate que se iniciará el próximo jueves con un seminario donde dirigentes políticos y especialistas en la materia expondrán sus puntos de vista sobre cómo se puede mejorar el sistema de recaudación de los partidos y de control por parte de la Justicia.
En 2009, con la reforma electoral que planteó el kirchnerismo, también se hicieron cambios en el esquema de financiamiento partidario. Allí, entre otras cosas, se dispuso que las empresas ya no podían aportar. Sin embargo, los fondos empresariales seguían llegando, sólo que ahora a través de directivos o empleados de las firmas (ver aparte).
La intención del macrismo es “blanquear” la situación y permitir que las empresas vuelvan a figurar como aportantes, siempre respetando los límites que elección tras elección establece la Justicia.
El proyecto también aspirará a regular con mayor precisión la utilización de afiches en la vía pública fuera de los períodos de campaña electoral. Es algo que generó polémica en la última elección y fue motivo de denuncias judiciales por la proliferación de carteles durante todo el año.
En el Ministerio del Interior creen también necesario que se convoque a las provincias a adherir a la ley nacional, ya que si no, se dan situaciones donde gastos cuestionados por la Justicia se justifican como aportes de las campañas locales. Así es como diversos afiches, por ejemplo, se le atribuyen a un candidato a gobernador o intendente, y se vuelve difícil para la Justicia Federal controlar el verdadero origen del dinero.
El próximo jueves, en la sede de la Sigen, se realizará el seminario “El financiamiento de la política: desafíos para la reforma”. Lo inaugurarán Rogelio Frigerio y el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, y contará con las exposiciones de Daniel Zovatto (IDEA), Julia Pomares (Cippec) y Pablo Secchi (Poder Ciudadano).
El debate electoral
El proyecto para incorporar cambios al esquema de financiamiento partidario es parte de la iniciativa del Gobierno de hacer una reforma política, que se inició con la propuesta de incorporar el sistema de boleta única electrónica.
Ese proyecto ya fue presentado en el Congreso y se prevé que la Cámara de Diputados empezará a debatirlo en comisión una vez que termine el receso invernal. Allí, está previsto que se presenten Rogelio Frigerio y Adrián Pérez para explicar los alcances de la norma.
En el Gobierno aspiran a que las dos iniciativas se aprueben durante este semestre por dos motivos: para evitar hacer cambios durante un año electoral y porque saben que en 2017 el Congreso será campo minado.
Empleados aportantes
El último cambio a la ley de financiamiento político que impulsó el kirchnerismo generó que las empresas no pudieran hacer aportes a los partidos para las campañas electorales. Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa, y lo que se generó es que haya una proliferación de directivos y empleados de empresas figurando entre los aportantes.
Según una investigación de Chequeado, que publicó PERFIL, esa situación se vio reflejada entre los aportantes a la campaña presidencial de Macri, con el agravante de que eran de empresas contratistas del Estado. Algunos de ellos, incluso, ignoraban que estuviesen en el listado.