La Cancillería argentina intercedió en los pedidos de la justicia local le había hecho a Suiza, relacionada con documentación sobre el jefe de la CGT, Hugo Moyano y el titular de Covelia, Ricardo Depresbiteris.
Se trata de un bloqueo "político" para proteger al líder sindical desde el área que controla Héctor Timerman. El 18 de marzo pasado, el juez federal a cargo del intercambio, Norberto Oyarbide, había pedido copias sobre "las normas aplicables" referidas al lavado de dinero en el país europeo y en mayo, dos meses después del trámite, pidió novedades al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Desde la cartera, se respondió que la información remitida desde Suiza era "insuficiente" y que habían devuelto esa documentación a la fiscal María Antonella Bino: "Esta Cancillería recibió información adicional, aunque insuficiente", algo que enfadó a la justicia suiza, según publicó el diario Clarín.
En diálogo con el matutino, la ex ministra de Salud y actual candidata a diputada bonaerense, Graciela Ocaña, observó con "preocupación la falta de impulso al trámite dado por las autoridades de la Cancillería" y consideró que "todo esto hace sospechar que existe por parte de las autoridades argentinas la voluntad de nunca responder lo solicitado por la Justicia suiza y de proteger a Hugo Moyano y su familia", señaló.