Aunque todavía faltan ocho meses para las elecciones de octubre, la campaña ya empezó, con candidatos que desfilaron por la costa atlántica y otros puntos turísticos intentando seducir a futuros votantes a través de actos y recorridos diversos, aunque no todos hayan definido el cargo al que se postularán.
SIn embargo, el Código Electoral Nacional especifica que "cuando se trate de la elección de presidente y vicepresidente, la campaña sólo podrá iniciarse 90 días antes de la fecha fijada" para los comicios. Y en el caso de los diputados y senadores, el plazo es de 60 días.
Pero la realidad es que, según los expertos, existe un vacío legal que hace inservible o confusa la norma aprobada, ya que la ley sólo apunta a aquellos candidatos que estén "oficializados", señala el diario La Nación en su edición de hoy .
Según la ley, para aspirar a la jefatura de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, el plazo para realizar campaña es de 60 días antes de la elección. Es decir que con la fecha fijada por Jorge Telerman para el 3 de junio para los comicios la campaña sólo podría lanzarse en abril.
En tanto en la provincia de Buenos Aires, si bien rige una ley electoral propia, no existe ninguna norma que especifique la duración de las campañas.
No obstante La Nación señala que desde la Junta Electoral provincial explicaron que se utilizaría de marco el Código Nacional Electoral para regular la duración de esta campaña.
Con la ley 25.610 se incorporó el artículo 64 bis del Código Electoral, que, además, prohíbe la divulgación de "avisos publicitarios en medios de comunicación, radiales y gráficos con el fin de promover la captación del sufragio" antes de los 32 días previos a los comicios.
El texto de la ley define una campaña como "el conjunto de actividades realizadas con el propósito de promover o desalentar expresamente la captación del sufragio a favor, o en contra, de candidatos oficializados", y es ésto lo que da lugar a la polémica.
"Si no están oficializados, o sea, si la justicia electoral no los aprobó como candidatos, no están en campaña porque son simples ciudadanos expresándose", dijo Pablo Secchi, de la ONG Poder Ciudadano. "Se favorece una interpretación de la ley que les permite hacer campaña todo el tiempo".
La dificultad reside, señalaron los especialistas, en separar la norma que regula la campaña electoral de lo que sería una limitación a la libre expresión.
"Fue creada para que los políticos no se la pasen haciendo campaña", dijo a La Nación el abogado Alejandro Carrió. Para su colega Alberto García Lema, en tanto, "su objetivo fue reducir los costos de las elecciones acortando el tiempo electoral".
En tanto el apoderado de ARI, el diputado Adrián Pérez,señaló a La Nación que un "vacío legal impide hacer cumplir la ley". Y señaló que "la trampa" es que al juez le resultaría imposible probar quién pegó un cartel postulando a alquien para presidente, por más que se esté incurriendo en una infracción.
