Tras anunciarse la resolución de la Corte Suprema que dejó firme la condena contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad, el abogado defensor de la expresidenta, Carlos Beraldi, apuntó contra el máximo tribunal y advirtió sobre la presencia de irregularidades y anomalías en el proceso de decisión.
En diálogo con C5N, el letrado señaló, en primer lugar, que el proyecto de sentencia fue elaborado por un secretario, Diego Seitún, cuya intervención en el caso habría sido decisiva para la definición del fallo a pesar de que no habría estado regulada de forma clara.
Sobre la irregularidad vinculada a la participación de Seitún a un episodio previo relacionado al juez Ricardo Lorenzetti, quien denunció en otra instancia la participación de un secretario asignado para causas penales sensibles sin control ni transparencia, indicó que se trata de observaciones realizadas dentro del propio tribunal que reflejan su "descomposición total".
El abogado de la exmandataria (72) condenada por administración fraudulenta también señaló que la defensa ya presentó un pedido formal solicitando el arresto domiciliario para CFK, alegando lo dispuesto por la ley para personas mayores de 70 años y las condiciones de seguridad que le corresponden dada su trayectoria política.
El letrado explicó que esperan que la Corte Suprema responda al pedido de prisión domiciliaria antes del vencimiento del plazo de cinco días hábiles y reiteró que, teniendo en cuenta las condiciones previstas en la legislación vigente, a cualquier persona le correspondería una resolución favorable.
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Beraldi también habló sobre la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y mencionó que, considerando que las instancias nacionales ya fueron agotadas, se encuentran analizando la posibilidad de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dispone determinados mecanismos para situaciones urgentes.
El abogado defensor de la exjefa de Estado señaló que una resolución de la CIDH podría permitir la presentación de un recurso de revisión en la justicia argentina que en un futuro podría revertir la inhabilitación a través de una vía legal. No obstante, advirtió que el proceso requerirá tiempo considerando que quienes promovieron la condena "saben que de esta manera sacan a Cristina de la cancha, al menos en términos electorales".
"En definitiva, por estas personas que no cumplen con sus deberes constitucionales, el país va a ser el que termine castigado", añadió luego el letrado, argumentando que la condena a la expresidenta podría derivar en una sanción para la Argentina.
Beraldi se refirió al futuro del proceso judicial y sostuvo que la defensa primero se enfocará en alcanzar el arresto domiciliario, remarcando que esto definirá si los jueces "va a actuar como un tribunal de justicia o si se van a encolumnar en esta idea de que se le puede hacer cualquier cosa al peronismo".
"Es muy lamentable no solo para Cristina sino también para la democracia y fundamentalmente para el poder judicial de la Nación", manifestó sobre la resolución del tribunal y remarcó que "de una Corte vergonzosa no se podía esperar otra cosa".
Con respecto a la decisión del máximo tribunal, también cuestionó como este desestimó el recurso de la defensa, alegando que no se había demostrado la existencia de una cuestión federal, considerando que lo hizo sin un análisis completo del planteo.
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El letrado defensor de la expresidenta insistió en que en el proceso judicial se vulneró la condición de imparcialidad y la garantía del juez natural, en referencia a los jueces de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que intervinieron en el expediente, reprochando que estos se reunían con el exmandatario Mauricio Macri.
El abogado también mencionó otras irregularidades, como que algunos jueces actuaron como fiscales durante el proceso, poniendo de ejemplo el alegato del fiscal Diego Luciani.
En paralelo, Beraldi puso en duda la base de la condena, señalando que la misma solo está fundamentada en la firma del decreto 54, a pesar de que se habla de 51 obras viales asignadas de forma irregular. Asimismo, también cuestionó las restricciones impuestas a la defensa, en referencia a la limitación de 40 carillas para responder con la posterior reducción a 10 carillas.
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