Elisa Carrió ya está armando el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Todavía está recolectando documentación, pero los puntos principales ya los tiene definidos. Sólo le falta decidir el momento político para hacerlo, pero lo más probable es que espere a principios de agosto para que jure Carlos Rosenkrantz y así no entorpecer el proceso de normalización del Tribunal.
Uno de los ejes principales estará puesto en el manejo del Comité de Inversiones, un ente que se creó bajo la órbita de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, encargado de licitar las obras del Poder Judicial. Lorenzetti ya le respondió a Carrió que “las decisiones y las licitaciones las decide el Consejo”. Pero la diputada asegura tener información sobre irregularidades en las contrataciones con distintas empresas. Igual están esperando la respuesta a un pedido de informes que presentó ante el Consejo de la Magistratura, donde ya están recolectando información para responderle.
El segundo eje del pedido de juicio político tendrá que ver con el manejo de fondos extrapresupuestarios, con los cuales la líder de la Coalición Cívica considera que Lorenzetti llevó adelante un mecanismo de “concentración del poder” en la Corte Suprema en particular y el Poder Judicial en general.
Un tercer punto sobre el que trabaja Carrió tiene que ver con el manejo de las escuchas telefónicas. Mauricio Macri decidió pasar ese área sensible de la inteligencia al control de la Corte Suprema, sin embargo, su aliada ahora considera que Lorenzetti puso allí a todos funcionarios que le responden.
El equipo de Lilita también está analizando la situación patrimonial del juez supremo. Ya recibieron su declaración jurada (y las de sus otros colegas) pero la están comparando con otros datos que tienen sobre su patrimonio y el de su entorno. Esa investigación, sin embargo, no necesariamente será parte del pedido de juicio político, sino que podría derivar, de tener pruebas, en una presentación penal.
Macri le había pedido a Carrió una tregua de un mes con Lorenzetti, de quien ahora depende la definición por los tarifazos. Pero nada, y menos en política, dura para siempre.