La Coalición Cívica, con Elisa Carrió al frente, realizó ayer una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández y tres integrantes de su gabinete por anticipar que no cumplirán con el fallo de la Corte Suprema.
“No se puede elegir si la Constitución se cumple o no. Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad. Desde JxC no vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa. La ley debe ser cumplida por todos, y principalmente por aquellos que ejercen el poder y deben dar el ejemplo”, marcaron desde la CC.
Además del Presidente, los otros acusados son el ministro de Economía, Sergio Massa; el responsable de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.
“Resulta absurdo y contradictorio que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional manifiesten que van a desconocer un fallo dictado por el tribunal a cuya jurisdicción se sometieron, aceptando así su competencia e integración”, indica la presentación, a la que tuvo acceso PERFIL.
De acuerdo a la denuncia, las conductas de los integrantes del Poder Ejecutivo “no solo significan una afrenta al sistema republicano de gobierno, habida cuenta de que desafían públicamente a desconocer la autoridad constitucional de uno de los poderes del Estado, sino que también debilitan las instituciones republicanas y aparecen como constitutivas de delitos de acción pública, como lo son: alzamiento, desobediencia judicial, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
El mandatario también fue denunciado por el legislador porteño Roberto García Moritán y el referente de Republicanos Unidos Yamil Santoro, en este caso por “sedición”.
Para los denunciantes, la actitud del Gobierno “resulta a todas luces improcedente”, al igual que el planteo de recusación contra los cortesanos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
“Dicho remedio judicial se ha previsto para evitar que una sentencia pueda verse afectada por parcialidad, siendo un hecho más que evidente que, no obstante las acusaciones públicas de parcialidad que el titular del Poder Ejecutivo suele realizar respecto de la Corte, jamás ha efectuado un planteo en ese sentido antes del dictado de la sentencia”, indicaron.
Sostienen también que el Presidente incurrió en la conducta típica que establece el delito de sedición ya que “pretende eludir el cumplimiento de una sentencia que ya es cosa juzgada, atacándola por supuestos defectos que, aun en caso de existir, no justifican los remedios judiciales elegidos”.
También realizó una denuncia la diputada del PRO Graciela Ocaña, contra el Presidente, Manzur, Massa, De Pedro, el secretario de Hacienda Raúl Rigo y la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis.
Por último, el exdiputado del PRO Jorge Enríquez, actual presidente de la Asociación Civil Justa Causa, realizó una presentación por la supuesta comisión de los delitos de sedición, atentado y resistencia contra la autoridad y malversación de caudales públicos.
Para Enríquez, “si el Poder Ejecutivo mantiene esa postura, no es exagerado hablar de un golpe de Estado dirigido a otro poder de la Constitución”.
