El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria al empresario kirchnerista Lázaro Báez, a quien investiga por presunto lavado de dinero.
Además de Báez deberán declarar Walter Zanzot, presidente de una empresa aérea vinculada a Báez, y Gustavo Fernández, titular de la financiera SGI.
A todos les inhibió los bienes y les prohibió salir del país. La noticia se conoció anoche, días después de la difusión de videos en los que se ve al hijo de Báez, Martín, contando pilas de fajos de dólares en SGI.
Zanzot es, según la filmación, el encargado de transportar el dinero.
El caso promete avanzar con otro ritmo, ahora que apareció la prueba central del caso: los videos. El macrismo prevé que las dificultades económicas se mantendrán a lo largo de 2016. En ese sentido, un eje de comunicación es que la culpa es consecuencia de la corrupción de los últimos doce años.
El Gobierno quiere que el empresario kirchnerista Lázaro Báez sea el primer ejemplo. Los operadores judiciales de Macri ya hicieron llegar el mensaje a los jueces federales: lo quieren “preso”, junto a su hijo Martín, que esta semana quedó todavía más complicado luego de la difusión de los videos de la financiera SGI. Sin rodeos ni eufemismos: “Tienen que ir presos”, trasmitieron los mensajeros esta semana. Así lo confirmaron fuentes judiciales a PERFIL. El costo de las dificultades económicas impactará en gran parte de la sociedad. Pero la estrategia es que lo pague el kirchnerismo. Esa es la ecuación de Mauricio Macri. Ni los Kirchner ni los Báez están en condiciones de rebatirlo. Las imágenes de los vídeos difundidos esta semana en Telenoche hablan por si mismas y la administración kirchnerista dejó un tendal de causas de corrupción.
El heredero de Báez había dicho en 2013 a PERFIL que jamás había estado en esa financiera, desde donde se sospecha que su familia —directamente ligada a los Kirchner y a la obra pública— fugó del país alrededor de US$ 60 millones a Suiza, vía paraísos fiscales. Las imágenes lo dejaron al borde del procesamiento. Será indagado por el juez por presunto lavado de dinero. También deberán rendir explicaciones a la Justicia Daniel Pérez Gadín (contador de Lázaro y uno de los dueños de la financiera conocida como La Rosadita), su hijo Ariel y Fabián Rossi.
Reclamo. Ayer, la diputada Margarita Stolbizer pidió al juez Casanello que embargue las cuentas personales de Martín Báez, ya que la empresa madre del imperio de su padre —del que él forma parte activa desde hace años— se encuentra en estado de cesación de pagos. Austral Construcciones S.A., beneficiaria de la millonaria obra pública en Santa Cruz, “no posee saldos en sus cuentas” en el Banco Nación, informó la diputada.
El caso de Cristóbal López es otro ejemplo perfecto de desmanejos de fondos del Estado, con el componente adicional del negocio del juego. “Si tenemos las arcas vacías es porque se la robaron este grupo de delincuentes”, escribió Carrió en su cuenta de Twitter esta semana.
