El Tribunal Oral Federal Nro 7 dispuso la excarcelación urgente del exministro de Planificación Julio De Vido y del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, en línea con lo dispuesto por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. De acuerdo con la notificación dada a conocer, el exfuncionario deberá ser puesto en libertad de forma "inmediata" por las causas 13820/2018 y 10456/2014, conocidas como "Causas de los Cuadernos". No obstante, mantendrá el arresto domiciliario por la causa 5218/2016, que investiga los desvíos de fondos destinados a obras en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio, instruida por el juez Luis Rodríguez y el fiscal Carlos Stornelli.
Si bien el TOF 7 dispuso la "inmediata libertad" de De Vido, estableció una serie de condiciones para el exfuncionario, detenido con prisión preventiva desde 2016. De acuerdo con la circular, además de prohibir su salida del país y utilizar una tobillera electrónica, las obligaciones que deberá cumplir el exministro son: "la promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación (y) presentarse ante el tribunal en forma mensual dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, debiendo notificar cualquier cambio de domicilio".
Argumentos. La decisión de Casación tiene un fuerte impacto en el escenario político actual, en el que las prisiones preventivas dictadas durante los cuatro años del macrismo se convirtieron en uno de los principales puntos de críticas del flamante oficialismo. Del presidente Alberto Fernández a la vice, Cristina Fernández de Kirchner, pasando por la ministra de Justicia, Marcela Losardo, fueron sólo algunos de los que se expidieron sobre el tema.
La resolución de la Sala, conocida durante la tarde, fue por mayoría: los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, fueron por un lado, y la camarista Ana María Figueroa, por otro.
Los camaristas habían puesto bajo la lupa que el TOF 7 no haya explicado por qué mantuvo la prisión preventiva sobre De Vido y, en cambio, no aplicó otras medidas menos nocivas. Para los camaristas se entendió que no se había efectuado un análisis adecuado de los motivos por los que los jueces del tribunal se decidieron por la medida cautelar más severa, es decir, la prisión preventiva.
“La prisión preventiva no puede tener fines que no sean procesales, ni carácter punitivo a la par que no debe establecerse como una regla general en el proceso”, sostuvo Barroetaveña.
Antecedente. La semana pasada, la defensa del exministro había pedido a la Cámara Federal de Casación que se revocara la prisión preventiva dictada en su contra, en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas. En esa presentación, los abogados del exministro y exdiputado se refirieron al accionar del juez Claudio Bonadio, juez de primera instancia, así como de los miembros de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que intervinieron en el caso.
Los defensores hablaron de una "doble vara" para determinar que De Vido continuara con prisión preventiva cuando no sucedió lo mismo con otros involucrados en el caso. Sostuvieron que hubo un "tratamiento dispar en cuanto a situaciones idénticas" y en ese sentido dieron ejemplos donde se evaluaron los riesgos, al igual que en el caso de De Vido, pero a los otros se los liberó.
"De Vido fue detenido viniendo al TOF todos los miércoles", sostuvo el abogado Maximiliano Rusconi. "Es una vergüenza y una foto del desprestigio del sistema judicial", sostuvo, a la vez que hizo alusión al informe del relator de la ONU sobre la situación de la justicia local. El informe, firmado por Diego García-Sayán, enumeró varios hechos que fueron noticia en Argentina durante la gestión de Mauricio Macri y que incluye desde la posible utilización del Consejo de la Magistratura para presionar a los jueces a través de la comisión de disciplina, entre otros puntos, así como el intento de designación de dos jueces en la Corte Suprema por decreto, la designación "ilegal" del juez Cullota en el juzgado electoral de La Plata, la del juez Carlos Mahíques en la Cámara Federal de Casación Penal, manipulación de fiscales en la causa Correo y el ataque al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.
Huelga. Este jueves, De Vido había anunciado el comienzo de una huelga de hambre como “medida de protesta y reclamo a razón de la violación de (sus) derechos constitucionales de igualdad ante la ley y presunción de inocencia desconocidos en las resoluciones judiciales en contra". En la carta donde explicaba su protesta aseguraba: "Se me han armado causas en el marco de la feroz y despiadada persecución que he sufrido desde el 10-12-2015 por parte de los tres poderes del Estado, con privación ilegítima de mi libertad desde el 26-10-2017”.
Según De Vido, la elaboración de las causas judiciales por corrupción que cursan en su contra "fueron coordinados por los jueces y fiscales", a los que consideró "articulados y conducidos por servicios de inteligencia nacionales y extranjeros".
El máximo establecido por la ley 24.690 sobre plazos de prisión preventiva es de dos años, pero la legislación contempla un año más de prórroga "cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de las causas hayan impedido la finalización del proceso en el plazo indicado".
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De Vido, que cumplirá 70 años el 26 de diciembre, había pedido el cese de prisión preventiva dado que el 25 de octubre se cumplen dos años desde que fue encarcelado por este caso, ya elevado a juicio, que acusa al exministro del supuesto delito de defraudación al Estado en la reactivación de la mina Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). El juez que investigó el expediente, Luis Rodríguez, acusó a De Vido y a otros 18 acusados de defraudar 176 millones de pesos (17,34 millones de dólares en ese momento) entre 2009 y 2015. Por este expediente el exfuncionario fue desaforado y detenido en octubre de 2017, cuando por entonces era diputado nacional y tenía fueros parlamentarios.
Además de estos dos procesos judiciales, enfrente otras causas, como las que investigan la cartelización de la Obra Pública. En tanto, ya está condenado en la causa conocida como Once II, por la tragedia ferroviaria de febrero de 2012 en la que murieron 52 personas.
