Cristina Kirchner recibió la noticia de la detención de Amado Boudou en el Sur. Desde El Calafate, adonde viajó el jueves por la mañana, la ex mandataria decidió hablar de quien fue su vicepresidente a través de un comunicado en el que se alertó sobre “la delicada situación que atraviesa la democracia”. En medio de la embestida judicial contra varios de sus ex funcionarios, la electa senadora y el kirchnerismo duro acusaron al presidente Mauricio Macri de estar “utilizando al Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores”.
“El objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar”, inició el documento titulado “Está en riesgo la democracia argentina” y bajo la firma de Unidad Ciudadana.
“Estamos frente a una maniobra de disciplinamiento como pocas veces se ha visto en la historia de nuestro país. Intento de disciplinamiento a todos los dirigentes políticos, gremiales y funcionarios de la Justicia que puedan llegar a intentar oponerse o detener el programa de ajuste económico que intenta implementar el gobierno nacional”, se denunció en el comunicado.
Sobre la decisión del juez Ariel Lijo de ordenar la detención del ex vicepresidente, en el comunicado se expresa que “es el mismo juez que está investigando la causa del Correo Argentino, en la cual está imputado el actual presidente de la República, Mauricio Macri, y su familia, como dueños de la empresa Socma, que tiene una deuda de 70 mil millones de pesos con el Correo Argentino que el propio jefe de Estado intentó autoperdonarse”. Y se advierte: “La actual situación procesal del presidente Mauricio Macri, en cuanto a la posibilidad de obstrucción de la Justicia en causa propia es infinitamente más grave, por cierta, concreta y efectiva, que la del ex vicepresidente”.
Además, se sostiene que en la Argentina “se ha vulnerado (o se ha terminado) el Estado de Derecho y la división de poderes”; se cargó contra el oficialismo por haber logrado “correr” de su cargo a la procuradora Alejandra Gils Carbó. En este contexto, el partido de la ex mandataria también vinculó al Ejecutivo con la suspensión del juez platense Luis Arias, a quien consideró fue “uno de los únicos jueces que se atrevió a fallar contra el brutal tarifazo en servicios implementado desde el año pasado”.
En cambio, el comunicado no dice nada sobre el encarcelamiento de Julio De Vido.
PJ. Por su parte, el titular del Partido Justicialista, José Luis Gioja, señaló ayer que “los que se llenan la boca hablando de republicanismo y Estado de derecho sólo quieren someter en defensa de sus intereses a quienes se les oponen, avasallando la división republicana de poderes”. El dirigente criticó al Gobierno “que pareciera que sigue en campaña electoral”, y sostuvo que “cuando se dice que no se respeta el Estado de derecho, decimos que no se respeta el debido proceso para quienes son investigados por la Justicia, y bajo el paraguas del entorpecimiento de las investigaciones o el peligro de fuga, se pone a todos los ciudadanos a tiro de ser encarcelados”.