Antes de que él lo decida, se lo pidió la justicia. Pero no se lo ordenó. Esta vez se lo recomendó. Una jueza porteña exhortó a Horacio Rodríguez Larreta a que permita algún tipo de salida recreativa regulada para niños, niñas y adolescentes. El argumento de Cecilia Mólica Lourido fue que el colectivo de los menores es el más perjudicado con el aislamiento, al no contar con oportunidades para salir a la calle.
La jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario le planteó al gobierno porteño que permita que los chicos “puedan, en un futuro cercano, realizar algún tipo de salida de esparcimiento, en la modalidad, frecuencia y duración que resulte acorde a la situación epidemiológica, la forma de transmisión del covid-19 y las características demográficas propias de la Ciudad”. El sitio iJudicial difundió el fallo.
Lourido argumentó que “el aislamiento social, preventivo y obligatorio, aún en la fase más restrictiva, las personas adultas han tenido la posibilidad de salir de sus hogares, ya sea para realizar compras de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza en los comercios cercanos o pasear a los perros. En cambio, en el caso de los niños, el aislamiento ha adoptado una forma absoluta”. Así lo afirmó la magistrada del Contencioso Administrativo. Ese fuero se dedica centralmente a poner un ojo sobre las acciones del Estado.
La cautelar contra el gobierno porteño había sido presentada por una ONG: la Fundación Apolo Bases para el Cambio. Reclamaba la inconstitucionalidad del decreto que prohibía las salidas recreativas diarias. El larretismo instó a la jueza que rechace la presentación, bajo el razonamiento de que el pedido debió haber sido realizado ante el Tribunal Superior de Justicia. Lourido desestimó la cautelar. Pero a la vez introdujo una serie de recomendaciones, respecto a la necesidad de flexibilizar el encierro de los chicos.
Desde que empezó la cuarentena, la justicia porteña aceptó tratar más 70 amparos en contra del gobierno de Rodríguez Larreta. Y en la mayoría de los casos, los concedió. Entre otros desaires, la intimó a: garantizar el servicio de agua en villas y barrios populares (en la 31 de Retiro, se cortó el suministro durante ocho días); proteger a los docentes exceptuados del aislamiento, quienes incluso no recibían barbijos; enriquecer las viandas escolares; retirar la basura del barrio Padre Carlos Mugica; y darle insumos sanitarios a una enfermera de 60 años del Hospital Durand.
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La pandemia, con sus derivaciones de necesidades y urgencias, multiplicó las demandas contra el larretismo. De ahí, la hiper-actividad judicial. Pero a la vez existen motivos de orden político. Los jueces son prácticamente los únicos encargados de llevarle malas noticias a Rodríguez Larreta. Bajo el paraguas de la tregua pandémica, el alcalde casi no recibe críticas de parte de la oposición.
Además sobrevuela un clima de desconfianza hacia el gobierno por parte de los jueces. ¿Por qué? El oficialismo da por hecha la sanción de otro proyecto ambicioso. Se trata de la creación de un nuevo organismo llamado “Secretaría de Administración General y Presupuesto”, que funcionará en el ámbito del Poder Judicial. Su titular sería la larretista Genoveva Ferraro, todavía Subsecretaria de Administración de Seguridad.
En la práctica, se volvería una instancia de control sobre las compras y contrataciones realizadas por el Poder Judicial. Los jueces miran con suspicacia el inminente rediseño institucional. Sospechan que es un intento de comisariato político, cuyo objetivo es adoctrinar con buenos modales.
