Se lo anunció el jueves por la noche en Olivos al presidente Alberto Fernández, cuando pasaron 45 minutos a solas tras la cumbre en la que había estado también Axel Kicillof. Y ayer lo hizo efectivo: el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ordenó presentar una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia para frenar la quita de 1,18% de coparticipación de parte de la Nación.
En la presentación que deberá tratar el máximo tribunal de Justicia, la Ciudad plantea que el decreto del Presidente es una “una medida inconstitucional, improvisada e intempestiva”. El escrito de 97 páginas lleva la firma de la abogada María Cristina Cuello y del Procurador General porteño, Gabriel Astarloa, al que tuvo acceso PERFIL.
Allí se pide que se dé de baja la medida y se declare “inconstitucional” el DNU del jefe de Estado. Además, solicita que “se recomponga la integralidad de los fondos del Tesoro Local que deben ingresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme el porcentaje de coparticipación del 3,50%”, según reza el escrito. Y enfatiza que ese número fue avalado en 19 provincias y la Ciudad por el Consenso Fiscal de 2017. “Como medida cautelar y con sustento en lo normado por la ley 26.854, solicitamos se ordene la inmediata suspensión de los efectos –ejecutoriedad– del Decreto 735”, agrega. Es decir, la Ciudad plantea que, mientras discute la cuestión de fondo –si la norma presidencial es constitucional– se frene la quita de fondos.
En la presentación se enumeran una serie de antecedentes y fallos vinculados al reparto de fondos para las provincias. El escrito plantea que el decreto ya está afectando las arcas porteñas: “Solo durante los primeros cinco días hábiles de vigencia del decreto significó una detracción de la suma de $ 862.140.379”. En ese marco, la Ciudad expresó que “esta decisión inconsulta y precipitada requiere una inmediata decisión para lo cual solo la vía rápida del amparo resulta viable”.
“La Constitución es muy clara: cuando el gobierno nacional traspasa una competencia a un distrito tiene que transferirle también los fondos necesarios para su funcionamiento. Y eso es lo que sucedió con la Ciudad en 2016 cuando se traspasó parte de la Policía Federal”, apuntaron fuentes oficiales a este diario. Y describen que, al no haber aún una nueva ley de coparticipación federal, la medida no resultaría legal.
La Ciudad aporta a la masa coparticipable entre el 22 y el 25% del total, en tanto que recibía el 3,5%. “Es el distrito que más diferencia presenta entre lo que aporta y lo que recibe”, apuntan en la Ciudad.
En números, para el Gobierno porteño “representa una baja del 56% respecto al financiamiento de la transferencia de competencias en materia de Seguridad con la pérdida de 36.000 millones de pesos, lo que, según cálculos oficiales, equivale a más de 10 meses de sueldos de personal de Salud, la totalidad del presupuesto destinado al mantenimiento o representa dos veces la inversión adicional con motivo de las erogaciones ocasionadas por el Covid-19 para 2020. Para 2021, la pérdida de ingresos se estima en más de $ 53.000 millones.
En ese marco, apuntaron que “el proyecto de Ley que ingresó al Senado de la Nación –para bajar más aún la coparticipación a 1,4%– atenta gravemente contra la autonomía de la Ciudad”.
