La Corte Suprema de Justicia evalúa recurrir a una “audiencia pública” para que, llegado el momento de pronunciarse sobre la validez o no de la Ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como “la nueva Ley de Medios”, el Gobierno y el Grupo Clarín deban toparse cara a cara, con el máximo tribunal como árbitro. ¿El objetivo? Estirar todo lo posible los plazos para pronunciarse sobre una disputa en la que no quiere tomar parte.
Los ministros de la Corte saben que en ese camino hacia la hipotética audiencia pública, que se insinúa largo (necesaria y deseadamente por ellos), se toparán con otra cuestión espinosa en la tensa relación entre el kirchnerismo y Clarín: la verdadera identidad de Marcela y Felipe Noble Herrera, los dos hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, directora de Clarín y máximo ícono del Grupo.
En algún momento, la Corte deberá resolver si Marcela y Felipe deberán cotejar sus respectivos patrones genéticos sólo con un reducido grupo de querellantes, parientes de desaparecidos que los suponen sus nietos de sangre (como pretenden ellos) o con todos los descendientes cuyas muestras hemáticas figuran en el Banco de Datos Genéticos que funciona en el hospital Durand (como reclama Abuelas de Plaza de Mayo).
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