Tras la desaparición de Jorge Julio López, uno de los principales testigos en el juicio que condenó a Miguel Etchetcolatz, a partir de ayer, las personas que deban testificar en causas penales ante la justicia federal podrán acceder a un programa de protección.
El decreto 2.475, publicado en el Boletín Oficial, creó el Programa de Vigilancia y Atención de Testigos en Grado de Exposición. Este apunta a coayudar y cooperar con un plan similar implementado por la Nación.
Tiene como objetivo primordial limitar la exposición de testigos que en razón de la importancia de sus declaraciones -como prueba relevante de cargo en procesos penales ante el Fuero Federal- objetivamente puedan encontrarse en una situación de peligro.
Sus destinatarios son los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que, en su carácter de testigos en causas federales, revistan en la condición prevista en el punto precedente y que, además, declaren en procesos en etapa de juicio en que ex represores militares o policiales son investigados y/o juzgados.
Para ser beneficiarios de dicho programa, el fiscal de la Cámara Federal y/o del Tribunal de juicio de que se trate, deberá suministrar el nombre y demás datos de individualización del testigo a considerar.
Además, deberá contarse en todos los casos con el consentimiento escrito del beneficiario y deberá consignarse el lapso por el que se solicita la medida, detallaron fuentes gubernamentales a la agencia oficial Télam.
Implementación. El Programa brindará a cada testigo un dispositivo de seguimiento informático que suministre en forma contínua su georeferencia, con alerta de pánico y un teléfono celular que le permita la comunicación las 24 horas con un Centro de Monitoreo.
También ofrecerá asesoramiento y mejoramiento de las condiciones de seguridad del lugar de residencia permanente del testigo.
Además, funcionará en el ámbito de la Policía de Seguridad de Custodias de Personas, Objetivos Fijos y Traslado de Detenidos a cuyo efecto se crea el Centro de Monitoreo de Eventos.
Las emergencias deberán atenderse con personal de dicha Policía. El Centro de Monitoreo de Eventos llevará un registro actualizado con altas, bajas y contingencias habituales.
Será financiado con asistencia del Gobierno Federal, según el acuerdo celebrado entre el Ministro del Interior de la Nación y el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
